Rechazar un decreto de vivienda también es democracia

La oposición no tiene la obligación de aprobar los decretos del Gobierno para demostrar que le preocupa la vivienda. El control parlamentario no es una avería. Es parte del sistema. Presentar el rechazo a una medida como una agresión contra sus supuestos beneficiarios concede al Ejecutivo un privilegio formidable: decidir la política y también quién merece discutirla.

La huelga general del 11N contó con el respaldo del Gobierno. María Jesús Montero señaló que la convocatoria se dirigía contra quienes habían rechazado los decretos de vivienda. CC.OO. y UGT admitieron una respuesta desigual, mientras la patronal habló de escasa participación en la mayoría de sectores y territorios. La movilización se celebró a dieciocho días de las elecciones.

Los sindicatos son libres de defender esos decretos, criticar a sus adversarios y movilizar a sus afiliados. La independencia sindical no exige neutralidad política. Pero tampoco convierte sus preferencias en un mandato para el Parlamento. Una pancarta expresa una demanda. No concede un voto adicional.

El argumento del Gobierno desplaza además la responsabilidad. Quien propone una medida debe defender su contenido y conseguir apoyos; no basta con invocar la gravedad del problema que promete resolver. Necesitar una vivienda no obliga a aceptar cualquier política que lleve esa palabra en el encabezamiento. La urgencia merece soluciones, no inmunidad frente al debate.

Ese criterio también compromete a la oposición. Rechazar un decreto no demuestra por sí solo que se tenga una alternativa mejor. Sus argumentos deben someterse al mismo escrutinio. Pero exigirles consistencia es distinto de negarles legitimidad para votar en contra. El contrapeso sirve precisamente cuando incomoda.

Ni una huelga multitudinaria validaría automáticamente los decretos ni una convocatoria débil probaría que sus detractores tienen razón. Confundir esas cosas permite sustituir la discusión de las medidas por una competición de adhesiones. Y deja al ciudadano el papel de figurante en una batalla que debería tratar sobre sus posibilidades de acceder a una casa.

El Gobierno tiene derecho a buscar apoyos. No a cobrar obediencia.

Fuente: abc.es · leer el original