El cine de García Pelayo no necesita un aval del Estado

El cine de Gonzalo García Pelayo no necesita un aval del Estado para merecer atención. Tampoco necesita que su independencia económica se convierta en una certificación automática de excelencia. La libertad artística empieza precisamente ahí: en poder crear sin permiso político y en aceptar después el juicio ajeno. Sin ventanilla obligatoria. Sin aplauso obligatorio.

Agapito Maestre sostiene que García Pelayo ha producido y dirigido más de setenta películas durante el último año sin financiación estatal y sitúa su residencia en Argentina. A partir de esa actividad, celebra al cineasta y presenta su vida fuera de España como ejemplo de un país que expulsa el talento. Pero la independencia de una producción, su calidad y las razones de una mudanza son cuestiones distintas.

La primera merece una defensa inequívoca. Un creador que encuentra cómo sacar adelante sus proyectos fuera del presupuesto público demuestra que la Administración no agota las posibilidades de la cultura. El Estado no es el productor indispensable de toda imaginación. Tampoco su notario. Una película no adquiere legitimidad cultural cuando recibe una ayuda ni la pierde cuando prescinde de ella.

La segunda cuestión reclama algo menos cómodo que contar títulos: mirar las películas. La productividad acredita actividad, no resuelve una discusión estética. Convertir la ausencia de subvención en un premio artístico sería reproducir, con el signo cambiado, el mismo paternalismo que se pretende combatir. El dinero público no santifica. Su ausencia tampoco.

La tercera exige respetar la autonomía que se invoca. Instalarse en otro país no convierte necesariamente a un artista en portavoz de su Gobierno ni en prueba concluyente contra el que deja atrás. Defender su libertad implica permitirle vivir y trabajar donde quiera, sin exigir que su domicilio complete un manifiesto.

El reconocimiento más serio a García Pelayo consiste en discutir su cine, no en utilizarlo como certificado de ningún poder. Una política liberal debe dejar espacio a proyectos que no controla y a obras que no le gustan. La cultura no necesita dueño. Ni siquiera uno que prometa liberarla.

Fuente: Libertad Digital · leer el original