La protesta social debe exigir cuentas al Gobierno que gobierna

Una huelga pierde capacidad fiscalizadora cuando sirve para discutir sobre el próximo Gobierno en lugar de exigir cuentas al que gobierna. El poder se ejerce en presente. También debería examinarse en presente. Convertir cada conflicto social en una batalla preventiva contra la alternancia deja al Ejecutivo actual en una posición comodísima: administra las decisiones, pero comparte las responsabilidades con quienes todavía no pueden tomarlas.

La huelga general del 11 de noviembre, con UGT y Comisiones Obreras y sus dirigentes José María Álvarez y Unai Sordo, sitúa sobre la mesa el malestar social y los desahucios durante el mandato de Pedro Sánchez. Ese es el terreno pertinente para el escrutinio: los problemas que motivan la protesta y las decisiones de quienes disponen ahora de capacidad para afrontarlos.

No hace falta atribuir instrucciones de la Moncloa a nadie. Tampoco adivinar futuras calles incendiadas. Basta con una regla bastante menos espectacular: la cercanía entre un sindicato y un Gobierno no puede convertirse en una exención de responsabilidad política. La simpatía no paga el alquiler.

Un sindicato puede preferir unas políticas a otras. Puede defenderlas y combatir sus alternativas. Lo que no resulta convincente es presentar el malestar como una calamidad sin responsables presentes y reservar toda la severidad para un adversario eventual. Eso no protege mejor al trabajador; protege mejor una alianza.

Desde una perspectiva liberal, el derecho a la huelga y la rendición de cuentas se refuerzan. La protesta permite cuestionar al poder fuera de las elecciones. Precisamente por eso importa que no funcione como su escudo. El Gobierno no merece inmunidad sindical, del mismo modo que una futura mayoría tampoco merecería inmunidad frente a las protestas.

El criterio debe sobrevivir a la alternancia. Si cambia el partido gobernante, no debería cambiar la exigencia de justificar sus decisiones. Ni indulgencia por afinidad ni condena por anticipado.

Los derechos se defienden frente al poder. No haciendo guardia en su puerta.

Fuente: Libertad Digital · leer el original