Una manifestación multitudinaria no acredita el éxito de una huelga

El éxito de una huelga debe medirse por la decisión libre de secundarla, no por la fotografía que mejor convenga a sus convocantes. Una manifestación acredita capacidad de convocatoria. Un paro laboral acredita otra cosa. Confundir ambos permite declarar la victoria sin responder a la pregunta esencial: cuántos trabajadores decidieron dejar de trabajar. La pancarta no ficha.

CCOO y UGT han presentado como un éxito la huelga general del 11 de noviembre. Cristina Losada sostiene que las centrales habían desplazado previamente el criterio de evaluación hacia la magnitud de las manifestaciones y señala que la caída del consumo eléctrico fue inferior a la registrada en la anterior huelga general. Su crítica interpreta el resultado como una muestra de pérdida de influencia sindical.

No hace falta compartir ese diagnóstico para exigir coherencia. Si se convoca una huelga, su seguimiento importa por sí mismo. Una movilización callejera puede reunir a personas que no hayan parado y dejar fuera a trabajadores que sí lo hayan hecho. Son conductas distintas. Sumarlas sin distinguirlas no amplía la representación: borra las diferencias que permitirían conocerla. Una fotografía no sustituye un balance.

Tampoco corresponde convertir el consumo eléctrico en un plebiscito infalible. Sirve para examinar la alteración de la actividad, pero no explica por sí solo la voluntad de cada trabajador. Ese es el límite decisivo de cualquier balance que confunda interrupción con adhesión. Si alguien no puede llegar a su puesto, su ausencia no equivale a una decisión de secundar el paro. El obstáculo no expresa consentimiento.

La exigencia vale también para quienes buscan desacreditar la convocatoria. Ni una capucha demuestra el fracaso de una huelga ni una multitud concede a los convocantes la representación de todos los trabajadores. La libertad sindical merece protección precisamente porque permite organizar voluntades distintas, no porque entregue a una organización la propiedad política de una categoría social.

Los sindicatos tienen pleno derecho a defender sus reivindicaciones y celebrar sus manifestaciones. Los ciudadanos tienen el mismo derecho a distinguir entre capacidad de convocatoria, interrupción de la actividad y apoyo voluntario. El balance empieza separando esas cosas. Cambiar el marcador no es ganar.

Fuente: Libertad Digital · leer el original