El Gobierno no puede administrar una huelga como si fuera suya

El Gobierno debe garantizar los derechos durante una huelga, no administrarla como un acto de adhesión. Sus ministros pueden tener simpatías. El cargo impone obligaciones distintas. Cuando una protesta les resulta políticamente favorable, la exigencia de imparcialidad no disminuye: aumenta. También gobiernan para quienes discrepan.

María Jesús Montero ha situado a la oposición como destinataria de la huelga general, mientras Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, la ha caracterizado como política y ha expresado su entusiasmo por ella. Ambas intervenciones permiten discutir el papel institucional de quienes celebran la convocatoria. No permiten, por sí solas, resolver su legalidad ni atribuir a todos los participantes una misma intención.

Ahí está la distinción decisiva. Un trabajador puede protestar contra una perspectiva política, contra una medida o por razones que no coincidan con las del sindicato convocante. No necesita autorización ideológica del Ejecutivo ni de la oposición. Su libertad no depende de que el motivo resulte simpático a quien gobierna. Tampoco pertenece a quien pretenda capitalizarla.

Pero una ministra no es una manifestante más. Tiene responsabilidades públicas. Celebrar una huelga no la exime de atender sus efectos ni convierte las garantías de quienes trabajan en una molestia partidista. El entusiasmo no sustituye al expediente. Y una interrupción del transporte, si se produce, afecta tanto al convencido como al que simplemente necesita desplazarse.

Por eso el éxito de una convocatoria y el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno deben juzgarse por separado. Que una protesta favorezca su discurso no acredita que haya gobernado bien. Que perjudique a la oposición tampoco transforma sus consecuencias en un servicio público. La Administración no puede llevar una contabilidad electoral de los derechos.

La prueba de neutralidad consiste en aplicar las mismas garantías a una huelga favorable y a otra hostil. Sin premiar adhesiones ni castigar discrepancias. Ese límite protege al ciudadano frente a cualquier partido y evita que el poder confunda el apoyo recibido con una autorización para apropiarse de las instituciones. El Gobierno puede celebrar una protesta. Los derechos no celebran con él.

Fuente: abc.es · leer el original