Ni el sindicato ni sus críticos pueden decidir por el trabajador

La libertad sindical empieza por una incomodidad para todos: el trabajador no pertenece al sindicato, al Gobierno ni a quienes denuncian sus relaciones. Puede secundar una huelga que otros consideren partidista. También puede rechazarla aunque sus convocantes se atribuyan la representación de todos. Nadie hereda su voluntad. Ni siquiera con una pancarta.

Ante la convocatoria de huelga general, Carlos Cuesta ha acusado a las centrales sindicales de actuar para proteger al Gobierno y ha sostenido que sus subvenciones se han multiplicado por cuatro. Su crítica plantea una cuestión atendible sobre la dependencia del dinero público, pero añade una interpretación política: que la movilización sirve al poder y no a los trabajadores. Son dos discusiones distintas. Confundirlas facilita el discurso y empobrece el examen.

El dinero público exige rendición de cuentas. Quien lo recibe debe aceptar preguntas sobre su destino, sus condiciones y su justificación. No existe una excepción sindical a ese principio. Tampoco debería existir una indulgencia reservada a organizaciones cuya orientación resulte simpática. El contribuyente no financia certificados de virtud.

Pero recibir una subvención no demuestra, por sí solo, obediencia política. Para sostener esa acusación hace falta examinar decisiones y conductas, no sustituirlas por una sospecha automática. Una crítica liberal pierde consistencia si convierte la financiación estatal en prueba suficiente de ilegitimidad. Fiscalizar no es desautorizar por decreto.

La misma exigencia alcanza a los convocantes. Defender una causa no concede la representación de quien no la comparte. La adhesión tiene valor precisamente porque puede negarse. Si el sindicato reclama autonomía frente al empresario o al Gobierno, debe reconocerla también al trabajador que discrepa. La libertad no funciona por delegación obligatoria.

El criterio, por tanto, no debería ser si la huelga beneficia al bloque político preferido. Debería ser si cada persona conserva su capacidad de decidir y si el dinero público está sometido a control. Las cuentas se fiscalizan. Las adhesiones no se presuponen.

Fuente: Libertad Digital · leer el original