Vox pide retirar del debate los dos decretos de vivienda por considerar que eluden el rechazo del Congreso

Vox ha registrado este miércoles, 11 de noviembre, un escrito para impedir que la Diputación Permanente del Congreso debata el jueves los dos reales decretos leyes de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros el 6 de octubre. La formación sostiene que su tramitación constituye un fraude constitucional y solicita a la Mesa que los retire del orden del día.

La petición se apoya en tres argumentos: la diferencia de representación entre el Pleno y la Diputación Permanente, la similitud de las normas con las rechazadas previamente por los diputados y la ausencia, a juicio de Vox, de una justificación de extraordinaria y urgente necesidad. El grupo ya presentó escritos ante la Mesa los días 9 y 16 de octubre, sin éxito.

El origen de la disputa está en la derogación, el 2 de octubre, de dos paquetes de medidas de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts. El Gobierno aprobó dos nuevos decretos con ligeros cambios el 6 de octubre, un día después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral al 29 de noviembre.

Con las Cortes disueltas, corresponde a la Diputación Permanente convalidar o derogar los decretos leyes. PP, Vox y Junts sumaban 177 diputados en el Pleno, por encima de la mayoría absoluta, pero reúnen 34 de los 69 puestos de este órgano. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos cuentan con los otros 35.

Esa distribución permitiría convalidar el primer decreto si esos grupos mantienen su apoyo. La segunda norma afronta un escenario diferente: el PNV se opone a ella y se suma al bloque contrario.

Para propietarios e inquilinos, las medidas afectan a los desahucios, la fiscalidad y la continuidad de los contratos. El primer decreto contempla prohibir los desahucios de personas vulnerables, limitar la compra de vivienda por los denominados fondos buitre y establecer bonificaciones fiscales. El segundo recoge indemnizaciones de los caseros a los arrendatarios cuando, superados cinco años de alquiler, no haya prórroga automática y se rompa el contrato.

Vox reconoce que la Diputación Permanente es el órgano competente, pero argumenta que esa facultad no debe utilizarse para obtener un resultado contrario al del Pleno mediante normas esencialmente idénticas. También reclama un voto ponderado conforme a la composición de la Cámara antes de su disolución y que su presidenta, Francina Armengol, no vote.

La Constitución y el Reglamento del Congreso exigen una representación proporcional de los grupos. Ninguno de los dos textos establece expresamente si la presidenta tiene derecho a voto, aunque la práctica parlamentaria la considera un miembro más a todos los efectos. La composición actual se fijó al inicio de la legislatura sin que ningún grupo presentara quejas hasta la convocatoria electoral y la aprobación de los nuevos decretos.

Fuente: abc.es · leer el original