La dimisión de Puente no liquida la responsabilidad de Sánchez

La dimisión de Óscar Puente no puede servir de liquidación de la responsabilidad política de Pedro Sánchez por la gestión ferroviaria. Gobernar no consiste en distribuir culpas hacia abajo. La jerarquía también obliga hacia arriba. Un presidente no queda al margen de una gestión porque otro haya abandonado el despacho.

Puente ha dimitido tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. En su entrevista con Jordi Wild, Sánchez defendió al ministro por haber comparecido, ofrecido soluciones y dejado el cargo. También sostuvo que el sistema ferroviario español es seguro y que su Gobierno ha compatibilizado el mantenimiento con la prestación del servicio. Cuando el entrevistador le preguntó si habría destituido a Puente de no haber dimitido, no aclaró su posición.

Esa pregunta importa. Permite distinguir entre aceptar una salida y considerar que una gestión merece ser interrumpida. No son decisiones equivalentes. Si el presidente juzga acertada la actuación de su ministro, debe defender ese criterio; si la considera insuficiente, debe asumir su propio papel en la supervisión. Celebrar simultáneamente la gestión y la marcha deja sin resolver esa contradicción.

Tampoco conviene confundir responsabilidades. Una dimisión no demuestra la causa de un accidente, ni convierte al dimisionario en culpable de cuanto haya ocurrido bajo su mandato. La investigación técnica tiene su cometido. La evaluación política tiene otro. Utilizar cualquiera de ellas para cancelar la otra empobrece el control del poder.

Desde una perspectiva liberal, lo decisivo no es cuántos cargos caen, sino si el ciudadano puede identificar quién decidió, con qué prioridades y bajo qué supervisión. Los servicios públicos no pertenecen al Gobierno. Los pagan los contribuyentes y los utilizan personas que no deberían tener que escoger entre una defensa partidista y una condena anticipada.

La salida de Puente será una respuesta política incompleta mientras se presente como desenlace suficiente del examen de la gestión. Sánchez puede defender sus decisiones y las de su ministro. Lo que no puede es invocar la dimisión como mérito ajeno y tratar la supervisión como asunto ajeno. La responsabilidad no termina donde empieza la presidencia.

Fuente: elmundo.es · leer el original