Sánchez, no rescate su rescate

Señor Sánchez, su rescate de Plus Ultra deja al Estado atrapado en un riesgo empresarial que nunca debió trasladarse al ciudadano: la aerolínea entra en preconcurso y tiene pendiente devolver todo el capital público recibido. El Estado no está para asegurar apuestas empresariales. Haberla financiado no convierte su supervivencia en una obligación del contribuyente.

Plus Ultra ha abierto un preconcurso para negociar sus deudas, prepara un ERE cuyo alcance todavía no está definido y ha cancelado las rutas a Buenos Aires y Lima. Del rescate de 53 millones de euros concedido por su Gobierno durante la pandemia sigue pendiente todo el principal. La empresa ha pagado alrededor de 12 millones en intereses y ha intentado pactar con la SEPI un aplazamiento sin lograr un acuerdo. La compañía atribuye su crisis principalmente al encarecimiento del queroseno por la guerra de Irán.

Una crisis exterior puede desbaratar un negocio. También uno auxiliado por el Estado. Pero el respaldo recibido no exime a Plus Ultra de competir ni convierte sus dificultades en un título para reclamar más presupuesto. Esos riesgos también alcanzan a quienes compiten sin esa ayuda. Si haber sido rescatada bastara para obtener más respaldo, el dinero público premiaría la dependencia en lugar de la viabilidad. Su decisión convirtió a los ciudadanos en acreedores sin elección, no en garantes perpetuos.

Los intereses no devuelven el principal. A usted no le basta con contar cuánto tiempo ha seguido operando la compañía: importa qué recursos regresan a las arcas públicas y qué riesgo permanece. El capital pendiente no es todavía una pérdida definitiva. Precisamente por eso, importa proteger su recuperación en vez de presentar la mera continuidad del negocio como un éxito del rescate.

Renegociar no es rendirse. Un acreedor puede aceptar nuevos plazos si con ello mejora sus posibilidades de cobrar. La diferencia está en el objetivo: recuperar el préstamo o sostener al beneficiario. Usted responde del dinero público, no de mantener intacta una decisión pasada. Lo desembolsado no justifica seguir desembolsando. Convertir la primera ayuda en argumento para la siguiente sería dejar que el rescate dictase el presupuesto. La prudencia del acreedor no incluye conservar la compañía a cualquier precio.

La protección de los trabajadores tampoco convierte a su empleador en intocable. Ayudar a las personas y financiar a una sociedad son decisiones distintas. Mezclarlas permitiría justificar cada nuevo desembolso con el mismo empleo amenazado, sin resolver si el negocio puede sostenerse por sí mismo. eldiarioLIBERAL defiende que cualquier renegociación busque recuperar el préstamo sin aportar más dinero público. Negocie para cobrar. No para volver a pagar.