Un impuesto no debe convertir al propietario en arrendador forzoso

La propiedad deja de ser una libertad efectiva cuando el Gobierno utiliza los impuestos para imponer qué debe hacer su titular con ella. Ese es el problema de la propuesta de Frente Amplio sobre la acumulación de vivienda. No basta con conservar la escritura. También importa poder decidir.

La formación de Ada Colau propone un tributo anual del 10% sobre el valor de la vivienda para los propietarios que tengan cuatro o más inmuebles. A las empresas se les aplicaría desde la primera unidad. Las vías planteadas para evitarlo serían vender las propiedades o alquilarlas a precios asequibles, cuya definición correspondería al Gobierno.

El diseño importa más que el eslogan. No se trata simplemente de recaudar para financiar servicios, sino de encarecer la conservación de un patrimonio hasta orientar la conducta del propietario. Puede usted quedarse con el piso, siempre que haga con él lo que disponga el poder político. La elección queda formalmente intacta. Su contenido, bastante menos.

La condición de ofrecer un alquiler asequible tampoco resuelve por sí sola el problema. Traslada al Gobierno la decisión que permite escapar del gravamen. Defender que más personas puedan pagar una vivienda es un objetivo legítimo; convertir ese objetivo en una autorización abierta para fijar las condiciones de uso de la propiedad es otra cosa. El fin no concede poderes ilimitados.

Además, vender una vivienda existente cambia su titularidad, pero no añade otra al parque residencial. Esa distinción obliga a juzgar la medida por lo que realmente propone: una presión para vender o alquilar bajo determinadas condiciones. Presentarla como respuesta suficiente al acceso a la vivienda exigiría un argumento adicional. Castigar la tenencia no equivale a facilitar la construcción.

No hace falta anunciar un derrumbe bancario ni atribuir intenciones ocultas para rechazar este mecanismo. Basta con exigir que la política de vivienda respete la libertad contractual y que la fiscalidad no se convierta en una orden encubierta. La necesidad de un inquilino merece una respuesta. No convierte la propiedad ajena en una concesión administrativa.

Fuente: Libertad Digital · leer el original