La coacción no se vuelve aceptable cuando da votos
El reproche a la intimidación durante una huelga no puede depender de su rentabilidad electoral. La libertad de quien decide trabajar vale lo mismo antes y después de contar las papeletas.
La coacción es inadmisible aunque beneficie electoralmente a quienes la practican. Ese debe ser el punto de partida liberal ante una huelga, no el cálculo de cuánto pueden perjudicar los incidentes a sus promotores. Los derechos no cotizan en las encuestas. Tampoco necesitan resultar populares para merecer protección.
En su columna sobre la huelga del miércoles, Carlos Herrera denuncia amenazas, agresiones, daños en escaparates y bloqueos del transporte, atribuye a la convocatoria una finalidad electoral al servicio de Sánchez y plantea que esos comportamientos podrían movilizar al votante partidario del orden contra la izquierda. Son sus acusaciones y su interpretación política. El argumento electoral, sin embargo, introduce una vara de medir que conviene rechazar.
Porque el problema de amenazar a un trabajador no consiste en hacerlo mal como estratega de campaña. Consiste en negarle una decisión que le pertenece. Si las mismas conductas produjeran entusiasmo, adhesiones y una victoria en las urnas, seguirían siendo igual de condenables. El éxito no concede inmunidad moral. Una mayoría tampoco expide permisos de intimidación.
Hay además una diferencia esencial entre combatir una conducta y descalificar un derecho. La violencia de quienes participen en una protesta no convierte a todos los huelguistas en violentos. La responsabilidad es individual. Precisamente por eso debe exigirse a quien amenaza o destruye, sin disolverla en una identidad colectiva ni extenderla a quien protesta pacíficamente.
A la derecha le corresponde sostener ese criterio también cuando la protesta perjudica a su adversario. No basta con celebrar el posible desgaste del Gobierno. Quien defiende la propiedad y la libertad de trabajar debe hacerlo por sus titulares, no por la utilidad que su vulneración pueda tener para una candidatura. El comerciante no es un recurso de campaña.
Medir los excesos por los votos que restan acaba concediendo demasiado a quienes los justifican: les permite discutir su eficacia en vez de responder por sus actos. La libertad no necesita que la coacción fracase. Necesita que no tenga permiso.
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Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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