El aplauso del Gobierno no paga la huelga
Los sindicatos pueden compartir las políticas del Ejecutivo. Lo que no deberían hacer es confundir esa afinidad con una conquista para los trabajadores que sostienen la protesta.
Una huelga debe servir a quienes la sostienen, no al Gobierno que la aplaude. Ese es el criterio para juzgar la independencia sindical: no la distancia ceremonial respecto a un ministro, sino la capacidad de exigirle compromisos incluso cuando resulta políticamente cómodo señalar a sus adversarios. La simpatía no es una contraprestación.
Durante la jornada de huelga general, Yolanda Díaz instó a plantillas y comités de empresa a sumarse al paro; Félix Bolaños respaldó sus motivos y Pablo Bustinduy llamó a movilizarse. Desde los sindicatos, Unai Sordo defendió las políticas laborales y económicas del Ejecutivo, mientras Pepe Álvarez vinculó la protesta con la votación del Congreso que rechazó el decreto de vivienda y se negó a criticar al Gobierno. La coincidencia política fue explícita.
Nada de eso convierte automáticamente la huelga en ilegítima. Los trabajadores no pierden su derecho a protestar porque un ministro les dé la razón. También pueden cuestionar una decisión parlamentaria o las propuestas de la oposición. La libertad sindical incluye elegir mal el objetivo. Incluye, incluso, elegir uno que entusiasme al poder.
Pero el respaldo gubernamental no equivale a una concesión. Un ministro puede animar a parar sin asumir ninguna obligación adicional. Para quien participa, en cambio, la movilización exige una decisión y un esfuerzo. Conviene no intercambiar ambas cosas como si tuvieran el mismo valor. Aplaudir sale barato.
La vivienda tampoco tiene que quedar fuera de una reivindicación sindical. La cuestión relevante es qué se reclama, a quién corresponde decidir y qué compromiso permitiría dar por atendida la demanda. Sin ese vínculo, la afinidad política amenaza con sustituir al resultado. El Gobierno obtiene compañía; el trabajador sigue esperando.
La autonomía sindical no exige llevar siempre la contraria al Ejecutivo. Exige poder dejar de acompañarlo. Y exige que el afiliado pueda evaluar a sus representantes por lo conseguido, no por la cordialidad de sus relaciones institucionales. Un sindicato representa intereses, no administra simpatías.
El aplauso del ministro no es una conquista del trabajador. Ni debería figurar como tal en el balance.
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Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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