El fracaso de una huelga no demuestra su ilegalidad

El fracaso de una huelga no demuestra su ilegalidad. Tampoco una movilización multitudinaria convierte en legítimo cuanto ocurra a su alrededor. Confundir seguimiento, legalidad y conducta permite ganar una discusión política haciendo trampas con los derechos. Son cuestiones distintas. Conviene mantenerlas separadas, especialmente cuando disgusta quien convoca.

La huelga general del 11 de noviembre ha reabierto la discusión sobre los límites de este derecho. La Constitución reconoce la huelga y contempla una ley que regule su ejercicio. Por su parte, el Real Decreto Ley de 1977 establece como causa de ilegalidad que una huelga se inicie o sostenga por motivos políticos o con una finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados.

Ese marco exige discutir los motivos y las finalidades de una convocatoria, no sustituir el razonamiento jurídico por un balance de persianas abiertas. El consumo eléctrico puede alimentar una discusión sobre seguimiento. No dicta sentencias. La impopularidad no es una categoría jurídica, por mucho que resulte tentador añadirla cuando el adversario pierde capacidad de movilización.

También sería un error convertir la necesaria regulación en una licencia gubernamental para decidir qué reivindicaciones merecen protección. El poder siempre encontrará razonable la protesta que le conviene. La prueba liberal es otra: diseñar reglas que sigamos considerando aceptables cuando las aplique un Gobierno contrario a nuestras preferencias.

La libertad necesita límites a la coacción. Quien decide trabajar no debe quedar a merced de quien pretende detener la actividad. Pero proteger esa decisión exige distinguir responsabilidades y conductas, no tratar a cada huelguista como responsable de cualquier intimidación cometida durante la jornada. La responsabilidad individual también vale aquí.

Una ley útil debería hacer previsibles esos límites y proteger ambas decisiones: parar y no parar. No necesita premiar a los sindicatos ni castigarlos por su orientación. Necesita impedir que una organización, una mayoría o un Gobierno se apropien de una libertad ajena. Los derechos no dependen del aplauso.

Fuente: Libertad Digital · leer el original