Una huelga débil no da al Gobierno un certificado de bienestar

El Gobierno no queda absuelto del malestar económico porque una huelga movilice poco. Tampoco queda condenado porque movilice mucho. La responsabilidad de gobernar no puede depender del recuento que más convenga a cada parte. Una protesta no es una auditoría. Y trabajar no equivale a estar satisfecho.

La huelga general del 11 de noviembre, convocada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por CCOO, UGT y el Gobierno, dejó una actividad económica que funcionó con relativa normalidad. La CEOE situó el seguimiento por debajo del 5%, mientras las centrales defendieron el éxito de la jornada. El desacuerdo se produce sobre un fondo de dificultades salariales y de acceso a la vivienda, y con la advertencia del Consejo Económico y Social de que el crecimiento no se traduce suficientemente en bienestar cotidiano.

Conviene separar los balances. Los sindicatos deben responder por su capacidad de representar y convencer. El Ejecutivo, por sus decisiones. Si todo acaba convertido en una discusión sobre quién ganó la jornada, desaparece la pregunta incómoda: qué obstáculos impiden que la mejora económica llegue al bolsillo. El marcador sustituye al examen.

Desde una perspectiva liberal, el bienestar no consiste en que el ciudadano encaje en una estadística favorable. Consiste en disponer de margen para elegir: dónde vivir, qué empleo aceptar, cuándo emanciparse. El crecimiento importa precisamente porque debe ampliar esas posibilidades. Exhibirlo como respuesta definitiva a quien no puede organizar su vida confunde un indicador con su finalidad.

Tampoco cabe entregar a los convocantes la propiedad del descontento. Quien no secunda una huelga conserva intacto su derecho a reclamar mejores condiciones y a exigir cuentas al Gobierno. No necesita un justificante sindical. Del mismo modo, quien protesta no entrega automáticamente su adhesión electoral a nadie.

El respaldo gubernamental a una movilización no descarga al Ejecutivo de sus obligaciones. Le exige distinguir entre escuchar una reclamación y sumarse a ella como si careciera de responsabilidades sobre el problema. Gobernar no es acompañar la pancarta. Es responder por las decisiones propias.

Ni las persianas abiertas certifican bienestar ni las cerradas conceden razón. El bolsillo no firma adhesiones.

Fuente: elmundo.es · leer el original