La coacción no se combate prohibiendo la protesta

Prohibir todos los piquetes no es defender la libertad de trabajar: es restringir también la libertad de persuadir. Una política liberal debe distinguir ambas cosas precisamente cuando resulta más tentador confundirlas. La coacción debe perseguirse. La protesta no debe necesitar simpatías gubernamentales.

A propósito de la huelga general de este miércoles, Carmelo Jordá denuncia actuaciones violentas de piquetes en la Gran Vía madrileña y plantea que un futuro Gobierno de derechas prohíba los piquetes, recorte la financiación sindical y reduzca el poder de estas organizaciones. Su propuesta presenta esas medidas como una respuesta a lo que considera un alineamiento de los sindicatos con el PSOE.

El problema empieza al convertir una conducta en una categoría culpable. Amenazar a un comerciante para que cierre y tratar de convencerlo no son versiones de lo mismo. Son actos distintos. El primero anula una decisión ajena; el segundo intenta modificarla mediante argumentos. Prohibir ambos ahorra el trabajo de distinguir, pero ese ahorro se paga con libertad.

Tampoco mejora la propuesta cuando se formula como una factura pendiente que la derecha debería cobrar al llegar al poder. El Gobierno no debe repartir escarmientos políticos. Si una organización incurre en abusos, la respuesta debe dirigirse contra esos abusos y sus responsables, no contra su capacidad de oponerse al Ejecutivo. La alternancia no concede derecho de revancha.

La financiación pública merece un examen separado. Es perfectamente defendible querer sindicatos sostenidos por quienes voluntariamente deciden apoyarlos. Pero retirar ayudas para castigar una afinidad política no equivale a establecer una regla general de independencia. Cambia el beneficiario del control, no su lógica. Ni premios por obedecer ni castigos por discrepar.

Una derecha liberal debería exigir protección para el comercio abierto y garantías para la protesta pacífica con idéntica firmeza. No necesita sindicatos dóciles, sino organizaciones sin privilegios y responsables de sus actos. La libertad de trabajar no exige vaciar la calle de discrepantes. Exige que ninguno pueda decidir por el trabajador.

El comerciante debe poder abrir. El sindicalista debe poder protestar. Ninguno debe mandar sobre el otro.

Fuente: Libertad Digital · leer el original