Entregar las cuentas del PSOE no equivale a darlas por fiscalizadas

El PSOE no puede sustituir la fiscalización de sus cuentas por la confianza en sus dirigentes. Entregar documentos es atender un requerimiento, no obtener un certificado de regularidad. La diferencia importa. Un partido que gobierna no adquiere el derecho a decidir cuándo deben darse por suficientes las comprobaciones sobre su propia financiación.

La UCO ha solicitado documentación al Tribunal de Cuentas sobre anomalías detectadas en las donaciones declaradas por los socialistas. La investigación judicial sobre los reembolsos en efectivo está en manos del juez Ismael Moreno, y el PSOE entregó un pendrive con listados y justificantes de pagos a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. En su editorial, Carlos Cuesta contrapone las nuevas diligencias con las explicaciones de Pedro Sánchez y Félix Bolaños sobre la documentación aportada a la Justicia.

La cuestión institucional empieza donde termina esa entrega. Un justificante debe poder contrastarse. Una relación de pagos debe poder comprobarse. Si bastara con presentar la documentación elaborada por el investigado, el control externo sería una ceremonia administrativa: se recibe el archivo, se agradece la colaboración y se apaga la luz.

Pero tampoco vale el atajo contrario. Que los agentes pidan más información no acredita por sí solo financiación ilegal. La sospecha no es sentencia. Convertir una diligencia en culpabilidad anticipada debilita precisamente aquello que se dice defender: una justicia capaz de establecer hechos, no de confirmar bandos.

Desde una posición liberal, ambas exigencias son inseparables. El poder debe someterse a controles que no domina y el investigado conserva sus garantías. No hay contradicción. La presunción de inocencia protege frente a una condena sin pruebas; no concede inmunidad frente al examen de las cuentas.

El interés del ciudadano no está en elegir entre la tranquilidad que ofrece un dirigente y la certeza que proclama un comentarista. Está en que las instituciones puedan seguir el dinero y contrastar las explicaciones sin permisos partidistas. Entregar no es acreditar. Investigar no es condenar.

Fuente: Libertad Digital · leer el original