El presupuesto público no concede representatividad sindical

El dinero público no puede funcionar como certificado de representatividad sindical. Una organización puede disponer de recursos y obtener escaso respaldo para una convocatoria; también puede defender una reivindicación legítima sin llenar una calle. Son cuestiones diferentes. Confundirlas resulta cómodo para quienes cobran y para quienes prefieren desacreditarlos sin discutir sus argumentos.

La huelga general del 11 de noviembre, convocada por UGT y CCOO, ha dejado valoraciones enfrentadas. Unai Sordo la consideró un éxito que superó las expectativas sindicales, mientras Pepe Álvarez evitó dar un porcentaje global de seguimiento y remitió al detalle por comunidades. En su editorial, Carlos Cuesta cuestionó ese balance y vinculó la convocatoria con el aumento de las ayudas estatales a la actividad sindical, que cifró en 32 millones de euros anuales para el conjunto de los sindicatos en los dos últimos ejercicios.

La discusión merece algo mejor que dos atajos. Recibir una subvención no prueba que se obedezcan órdenes del Gobierno. Para sostener esa acusación hace falta demostrar la subordinación, no señalar una transferencia. Pero cobrar del presupuesto tampoco convierte a nadie en portavoz indiscutible de los trabajadores. La caja no vota.

Desde una perspectiva liberal, la cuestión principal es quién decide sostener a una organización y qué control conserva sobre su dinero. La cuota voluntaria obliga a convencer al afiliado. La subvención incorpora a un pagador que puede no compartir ni los objetivos ni los métodos del beneficiario. Esa diferencia importa. Y exige cuentas.

También exige separar la financiación del balance de una huelga. Superar unas expectativas propias puede satisfacer a una dirección sindical, pero no explica por sí solo cuántos trabajadores la han secundado. Las expectativas pertenecen al convocante. La decisión pertenece a cada trabajador, incluido el que prefiere acudir a su puesto.

Ni el Gobierno puede repartir legitimidad mediante ayudas ni la oposición retirarla mediante insinuaciones. El criterio debe ser el mismo para todos: financiación justificable, cuentas comprobables y adhesión libre. El presupuesto paga estructuras. No compra representación.

Fuente: Libertad Digital · leer el original