La propiedad intelectual no caduca al entrenar una IA

La propiedad intelectual no debe perder su protección cuando quien utiliza una obra desarrolla inteligencia artificial. Un mercado libre necesita derechos reconocibles para todos sus participantes, no excepciones concedidas al que promete el futuro más espectacular. Innovar no otorga inmunidad. Tampoco convierte al creador en un estorbo.

Anthropic pagó 1.500 millones de dólares para resolver una demanda por el uso de cientos de miles de libros pirateados. El acuerdo cierra una reclamación; no equivale por sí solo a una sentencia que permita juzgar cualquier entrenamiento de modelos. Pero sitúa el debate en un terreno concreto: las condiciones bajo las cuales una empresa puede utilizar obras ajenas para desarrollar su producto.

Ahí existe una cuestión liberal que no se resuelve contando reglamentos europeos ni celebrando la velocidad de Silicon Valley. La libertad de contratar incluye la posibilidad de rechazar un contrato. Si el titular de una obra no puede decidir sobre sus usos protegidos, su propiedad queda subordinada al proyecto empresarial de otro. El tamaño no concede derechos adicionales.

Tampoco sirve presentar cualquier reclamación como una ofensiva contra el progreso. Un proveedor que exige cobrar no está necesariamente bloqueando una industria. Está defendiendo su posición en el intercambio. Quienes reivindican el mercado para comercializar sus servicios deberían aceptar que también exista al adquirir aquello que necesitan para producirlos. La reciprocidad no es tecnofobia.

Eso no obliga a tratar cada disputa como prueba de que hace falta autorizar administrativamente toda innovación. Sería cambiar una excepción empresarial por una tutela burocrática. Lo razonable es exigir reglas comprensibles, distinguir los usos permitidos de los que requieren consentimiento y resolver las controversias con garantías. Proteger la propiedad no exige congelar la tecnología.

La competencia pierde sentido si unos negocian sus insumos y otros pueden eludir ese coste apelando a la importancia histórica de su proyecto. El criterio debe ser el derecho aplicable, no la admiración que despierte el producto. El futuro también debe pagar sus facturas.

Fuente: abc.es · leer el original