Zapatero cuestiona las diligencias de Calama sobre las joyas e insiste en pedir información a Arabia Saudí

José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado esta semana un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que cuestiona que las diligencias ordenadas permitan esclarecer cómo llegaron a su poder las joyas encontradas en su despacho. Su defensa insiste en solicitar información oficial a la monarquía de Arabia Saudí mediante una comisión rogatoria que el magistrado ha rechazado.

El escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, centra su objeción en el encargo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional para rastrear la procedencia de las piezas a partir de sus marcas de punzón. Los abogados alegan que esa comprobación puede identificar al fabricante, pero no a quien las compró, la fecha de adquisición o su destinatario posterior.

Según la versión del expresidente, las joyas fueron un regalo del rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud en 2007, cuando Zapatero presidía el Gobierno. Su defensa reconoce que no dispone de documentación acreditativa del obsequio y que tampoco ha logrado obtener por sus propios medios una confirmación.

Los abogados consideran que la consulta a las autoridades saudíes es necesaria para determinar el momento y las circunstancias de la entrega. Argumentan que no duplicaría otras diligencias y reprochan al instructor que rechace esa vía sin plantear una explicación alternativa con respaldo fáctico. Es la defensa la que sostiene que esa negativa perjudica los derechos de su representado.

La petición se produce después de que Calama rechazara ampliar la investigación contra Zapatero a un presunto delito de malversación por estas joyas, como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado mantiene la imputación por delitos fiscales y de contrabando acordada en junio en la pieza separada.

Anticorrupción defendía que, si las piezas se recibieron en atención al cargo, debían incorporarse al patrimonio público. Calama, en cambio, razonó que en el momento de los hechos no existía una norma legal que estableciera esa incorporación automática y que, por ello, faltaba un elemento esencial del delito de malversación.

La resolución delimita así qué bienes pueden considerarse públicos a efectos penales: recibir un regalo por razón del cargo no basta por sí solo para fundamentar esa imputación. El juez también descartó aplicar a los hechos una normativa posterior o un código de conducta sin eficacia normativa suficiente para integrar el delito.

Fuente: Libertad Digital · leer el original