Consumo expedienta a una empresa de autobuses por presuntos precios engañosos y cláusulas abusivas
El Ministerio investiga la incorporación de gastos de gestión al final de la compra y su retención en los reembolsos de viajes cancelados. La apertura del procedimiento no implica que las infracciones estén acreditadas.
La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una empresa de transporte de viajeros por carretera tras reunir indicios de dos posibles infracciones: anunciar billetes sin incluir desde el principio todos sus costes y aplicar cláusulas que impedirían recuperar el importe íntegro de los viajes anulados. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado la actuación este sábado, 7 de noviembre.
Según Consumo, la compañía estaría añadiendo los gastos de gestión en la fase final de la contratación por internet, cuando el cliente ya ha introducido sus datos y avanzado en la compra. Este sistema, conocido como precio por goteo, deja el coste completo del billete fuera de las primeras fases del proceso.
Para el viajero, el problema afecta tanto a la comparación de ofertas como al dinero que recupera tras una cancelación. El Ministerio sostiene que incorporar cargos al final obstaculiza la libertad de elección entre compañías. Además, ha detectado indicios de que la empresa no devolvería los gastos de gestión cuando se cancela un trayecto.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada el año pasado, modificó el artículo 20.1 c) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esa reforma establece que los gastos de gestión forman parte del precio final y deben figurar desde el inicio de la comunicación comercial.
Consumo señala que la presentación engañosa del precio podría acarrear una multa de hasta 100.000 euros o alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. En cuanto a las cláusulas que justificarían la retención de los gastos de gestión, el departamento considera que podrían ser abusivas. Las sanciones por esa infracción pueden llegar a 1.000.000 de euros o a entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.
Es el segundo expediente que Consumo abre este año por una posible indicación engañosa de precios. En verano inició otro contra una compañía que comercializa billetes de avión, tren, ferri y autobús. La Dirección General recuerda que la apertura de estos procedimientos no prejuzga su resultado final.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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