Paracuellos: permitir visitas a las cárceles no era proteger a los presos

Permitir que alguien visite una cárcel no equivale a garantizar que sus presos salgan vivos. Esa diferencia debe ocupar el centro del examen de la respuesta de Francisco Largo Caballero a la Cruz Roja en vísperas de las matanzas de Paracuellos. La responsabilidad de un Gobierno no se agota en abrir una puerta al observador: empieza por proteger a quienes están bajo custodia.

Pedro Corral sitúa en su investigación ¡Detengan Paracuellos! dos fechas esenciales. El 2 de noviembre de 1936, George Henny, delegado de la Cruz Roja Internacional en Madrid, escribió al presidente del Gobierno para pedir garantías para los detenidos. El día 4, Largo Caballero autorizó las visitas a las prisiones, pero aplazó la respuesta a las demás cuestiones. Según Corral, aquella petición de protección nunca recibió contestación.

La distinción importa. Henny no solicitaba únicamente acceso. A instancias de los diplomáticos acreditados en Madrid, reclamaba seguridad para los presos políticos y defendía que debían quedar amparados como prisioneros de guerra por las convenciones internacionales firmadas por España. La contestación atendió el trámite y dejó pendiente lo sustancial. La vida de los detenidos no era un asunto secundario de la correspondencia.

Esto no convierte por sí solo una carta en prueba de una orden de exterminio. Precisamente porque se examinan asesinatos masivos, conviene distinguir entre ordenar, facilitar y desatender una reclamación de protección. Confundir esas categorías puede producir una acusación más rotunda, pero también un razonamiento más débil. La exigencia de responsabilidades gana fuerza cuando identifica conductas concretas.

Tampoco basta con señalar que el Gobierno se trasladó a Valencia el 6 de noviembre para cerrar el examen de su actuación. La solicitud de Henny y la respuesta de Largo Caballero son anteriores. Además, Corral sostiene que la preparación de listas de presos comenzó cuando el Ejecutivo seguía en Madrid. Por su parte, Julius Ruiz documenta en Paracuellos, una verdad incómoda la participación de miembros de la checa gubernamental de Fomento en los interrogatorios.

La pregunta pertinente no es, por tanto, únicamente dónde estaba cada autoridad cuando comenzaron las sacas del 7 de noviembre. También importa qué sabía antes, qué se le había solicitado y cómo respondió. La distancia geográfica posterior no contesta esas preguntas.

La lección institucional es incómoda y concreta: un detenido no puede depender de la afinidad que despierte en quienes lo custodian. Autorizar una visita era compatible con el deber de protegerlo, pero no lo sustituía. Para juzgar aquella respuesta, esa diferencia pesa más que cualquier cortesía administrativa.

Fuente: Libertad Digital · leer el original