La neutralidad no es traición, tampoco en una guerra

Un poder que considera enemigo al neutral no está descubriendo una conspiración: está suprimiendo el derecho a no secundarlo. Esa es una de las lecciones del uso de la quinta columna en el Madrid de 1936. La cuestión no se agota en averiguar quién acuñó la expresión. Importa también cómo sirvió para borrar la diferencia entre colaborar con un ejército y no compartir las ideas de quienes controlaban la retaguardia.

El historiador Julius Ruiz sitúa la primera utilización pública conocida del término en la zona republicana en un artículo de Dolores Ibárruri publicado en Mundo Obrero el 3 de octubre de 1936. Allí se atribuía al general Mola la afirmación de que disponía de una columna dentro de Madrid. Ruiz sostiene que no ha encontrado pruebas de aquella declaración. Esa ausencia exige cautela sobre su autoría; no permite, por sí sola, adjudicar la invención a otro protagonista.

Más reveladora resulta la ampliación de la categoría. Según el pasaje de Milicia Popular reproducido por Paul Preston en El holocausto español, el comisario Vittorio Vidali incluía entre los integrantes de esa quinta columna tanto a simpatizantes del enemigo como a neutrales. El salto es decisivo. Ya no hacía falta una conducta de colaboración: bastaba una posición política, incluso la decisión de no tomar partido.

La neutralidad puede resultar incómoda para quien exige movilización absoluta. Pero la incomodidad del gobernante no constituye una prueba contra el gobernado. Si la adhesión se vuelve obligatoria, la acusación deja de describir actos y empieza a clasificar personas. La investigación sobra: el poder ya ha decidido qué significa cada silencio.

La consigna publicada por La Voz el 3 de noviembre muestra hasta dónde podía llegar esa lógica. El periódico reclamó fusilar a más de cien mil personas a las que calificaba de fascistas encubiertos, dentro de las cárceles y en la retaguardia. No era una relación de responsabilidades individuales. Era una cifra de exterminio presentada como necesidad política. Primero se fijaba el volumen del castigo; identificar una conducta quedaba fuera de la exigencia.

El miedo ante el avance militar sobre Madrid ayuda a comprender el ambiente, pero no legitima aquel procedimiento. Proteger una ciudad y perseguir indiscriminadamente a sus habitantes son decisiones distintas. Confundirlas concede a cualquier autoridad una coartada perfecta: cuanto mayor sea el peligro que invoque, menos tendría que justificar sus actos.

Recordar esa propaganda exige rechazar su mecanismo, no invertirlo contra otras familias ideológicas. Nadie debe heredar una culpabilidad por sus creencias, su silencio o su adscripción. La garantía decisiva consiste precisamente en eso: que el poder tenga que probar lo que alguien ha hecho, en lugar de castigarlo por lo que representa.

Fuente: Libertad Digital · leer el original