PP y Vox reaccionan a la huelga acusando al Gobierno de utilizarla como instrumento electoral
Feijóo sostiene que el paro se dirige contra la oposición y Abascal responsabiliza a Sánchez de los enfrentamientos de los piquetes con trabajadores y comerciantes.
PP y Vox atribuyeron este miércoles al Gobierno una finalidad electoral en la huelga general del 11 de noviembre. Ambos partidos sostienen que la convocatoria busca movilizar al electorado de las formaciones del Ejecutivo antes del 29-N y combatir a una eventual mayoría de la derecha, en lugar de exigir responsabilidades a quienes gobiernan.
El paro, convocado por CCOO y UGT e impulsado por el Sindicato de Inquilinas, se celebró a 24 horas del inicio de la campaña electoral. Las reivindicaciones se centraron en el acceso a la vivienda y los salarios, dos cuestiones que afectan al poder adquisitivo de los trabajadores y que las organizaciones convocantes situaron en el centro de la protesta.
Alberto Núñez Feijóo interpretó el respaldo del PSOE y de Sumar, con su nueva marca Frente Amplio, como una señal de que la huelga tenía un carácter preventivo contra la oposición. El presidente del PP afirmó que una convocatoria de ese tipo no sucede en ningún otro país de la Unión Europea.
El secretario general de los populares, Miguel Tellado, reprochó a las centrales sindicales que denunciaran esos problemas en vísperas de las elecciones después de ocho años de Gobierno de Sánchez. El PP defendió que mejorar el acceso a la vivienda, el poder adquisitivo y el precio de la cesta de la compra requiere un cambio de Ejecutivo.
Los populares también cuestionaron el alcance del paro apoyándose en los datos de seguimiento que manejaban en las comunidades autónomas y en el consumo eléctrico. Según Red Eléctrica, la caída de este último no llegaba al 4% durante la jornada.
Santiago Abascal centró su reacción en los enfrentamientos entre piquetes y fuerzas de seguridad. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el líder de Vox acusó al Gobierno de enviar a los sindicatos contra trabajadores y comerciantes y señaló directamente a Pedro Sánchez como responsable del conflicto.
Desde el Frente Amplio, Ada Colau defendió una lectura distinta de la movilización: consideró que marcaría un punto de inflexión en las políticas de vivienda y reclamó tanto al PSOE como a la derecha cambios en las reglas del mercado residencial para frenar la especulación.
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