La política de vivienda debe responder ante quien aún no tiene casa
Proteger a quien ya ocupa un piso no basta para facilitar la emancipación. La prueba de una política de vivienda es si abre posibilidades a quienes siguen fuera, no si conserva las ventajas de quienes han entrado.
La política de vivienda debe juzgarse desde la puerta de entrada, no solo desde dentro del piso. Una medida puede aliviar a un inquilino y no ofrecer ninguna salida a quien continúa en casa de sus padres. Son intereses distintos. Confundirlos permite presentar una protección parcial como una solución universal. El anuncio queda redondo. La emancipación puede seguir pendiente.
La huelga general convocada para el 11 de noviembre incorpora reivindicaciones sobre salarios y vivienda, entre ellas la oposición entre el derecho a una casa y su condición de negocio. El malestar tiene una expresión concreta: en 2025, el 44,3% de los españoles de entre 26 y 34 años vivía con sus padres. Ese dato debería obligar a examinar cualquier propuesta también desde la posición de quienes todavía buscan acceso a una vivienda.
El criterio liberal no consiste en aplaudir cualquier beneficio inmobiliario. Consiste en defender la capacidad de elegir. Para quien intenta independizarse, esa libertad necesita alternativas disponibles, no únicamente garantías sobre un contrato que aún no ha podido firmar. Un derecho sin posibilidades de ejercerlo puede decorar una pancarta. No permite hacer una mudanza.
Por eso, congelar un alquiler y facilitar la entrada al mercado no son objetivos intercambiables. Lo primero puede beneficiar a quien ya ocupa la vivienda; no demuestra por sí mismo que ayude a quien busca una. No se trata de enfrentar a ambos. Se trata de impedir que el éxito político se mida exclusivamente entre los beneficiarios visibles y deje fuera del balance a quienes siguen esperando.
La misma exigencia debe alcanzar a los propietarios y promotores. Defender el mercado no obliga a defender posiciones protegidas frente a nuevos competidores. El beneficio merece legitimidad cuando remunera una oferta que alguien elige, no cuando depende de conservar una ventaja concedida por el poder. Ni privilegios para unos ni promesas vacías para otros.
La emancipación exige poder escoger dónde vivir sin depender indefinidamente de la familia. Esa debería ser la vara de medir. La vivienda no se resuelve contando protegidos dentro y olvidados fuera.
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Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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