La huelga pertenece al trabajador, no a quien la convoca

Convocar una huelga no concede la propiedad política del sacrificio ajeno. La libertad sindical exige que las organizaciones puedan movilizarse sin permiso del Gobierno ni de la oposición. Pero también exige reconocer al trabajador como alguien capaz de decidir, no como una fuerza disponible para la estrategia del aparato. La nómina no es del sindicato.

En una entrevista en COPE, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió que los convocantes de la huelga del 11 de noviembre tienen derecho a decidir por qué la realizan y cómo la administran. Lo hizo al ser preguntado por la convocatoria después de haber elogiado la subida del salario mínimo impulsada por el Gobierno. UGT y CCOO respaldan un paro reclamado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, cuyas reivindicaciones abarcan vivienda, salarios y negociación colectiva. Quien secunde la huelga dejará de cobrar la jornada y la parte correspondiente de las pagas pendientes de devengo.

Ese coste importa. No invalida la protesta: precisamente porque una huelga cuesta dinero, participar puede expresar una convicción poderosa. Pero obliga a distinguir entre organizar una movilización y disponer de su significado. El dirigente propone; el trabajador decide. Y para decidir necesita conocer qué reclama, a quién se lo reclama y qué resultado permitiría considerar atendida la demanda.

Elogiar una medida del Gobierno y protestar por otras no constituye ninguna contradicción automática. La independencia sindical también consiste en eso. Exigir coherencia no equivale a imponer obediencia partidista, ni desde la izquierda ni desde la derecha. Feijóo puede pedir la desconvocatoria. No le corresponde autorizar la protesta.

Otra cosa es responder a una pregunta sobre los objetivos invocando la facultad de administrar la huelga. Eso explica quién dirige, no para qué. Cuanto más amplio sea el catálogo de reivindicaciones, mayor debe ser la claridad sobre las prioridades. Sumar causas no sustituye a concretarlas.

La autonomía frente al poder político no debe confundirse con autonomía frente a quienes sostienen la movilización. Son los trabajadores quienes asumen el descuento y quienes deben juzgar si merece la pena. Su libertad incluye parar, no parar y discutir la estrategia sindical sin convertirse por ello en adversarios de los derechos laborales.

Convocar no es poseer. Quien pone el sueldo no entrega su criterio.

Fuente: Libertad Digital · leer el original