Defender el mercado de vivienda es facilitar que compitan más propietarios

Defender el mercado de vivienda exige defender la entrada de competidores, no la comodidad de quienes ya poseen inmuebles. Esa es la diferencia entre una política liberal y una defensa de intereses particulares. La propiedad merece seguridad jurídica. La rentabilidad no merece protección frente a la competencia.

David Lagarejos plantea el debate mediante tres aportaciones de la Escuela Austriaca: el conocimiento disperso que explican los precios, en Hayek; el descubrimiento de oportunidades empresariales, en Kirzner; y el cálculo económico basado en precios y propiedad privada, en Mises. Su razonamiento vincula la construcción y la rehabilitación con los incentivos para invertir, y señala las barreras administrativas y la inseguridad jurídica como obstáculos a esa respuesta.

De ahí se desprende una exigencia que también incomoda al propietario: si el encarecimiento señala una oportunidad, debe ser posible aprovecharla ofreciendo una alternativa. Un precio elevado no es una medalla al mérito del mercado. Es una señal. Defender que pueda transmitirse tiene sentido si también se defiende que otros puedan responder construyendo o rehabilitando.

El beneficio cumple entonces una función distinta de la que le atribuye el debate moral sobre la vivienda. No es un premio por tener razón ni una garantía de que cada proyecto resulte socialmente deseable. Es el incentivo para arriesgar recursos buscando clientes. Y la competencia debe poder erosionarlo. Sin ese segundo elemento, la defensa del primero queda bastante coja.

Tampoco basta con cambiar al propietario por una autoridad pública para resolver dónde construir, qué materiales emplear o qué viviendas necesitan los futuros residentes. Esas decisiones permanecen. Cambia quién las toma. La necesidad de comparar alternativas no desaparece porque el propósito anunciado sea noble.

La prueba liberal de una política de vivienda debería ser concreta: si facilita que alguien ofrezca una casa donde antes no podía hacerlo, con reglas estables y asumiendo sus costes. Eso conecta la libertad del promotor con una libertad menos celebrada: la del inquilino para rechazar una oferta porque dispone de otra.

Ni blindar beneficios ni administrar resignación. Al propietario se le garantiza su propiedad, no la ausencia de rivales.

Fuente: Libertad Digital · leer el original