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Opinión

La independencia sindical se mide por la libertad de discrepar

Un sindicato puede apoyar al Gobierno sin convertirse en su propiedad. La frontera se cruza cuando la afinidad política pretende sustituir los intereses de los trabajadores y su derecho a juzgar por cuenta propia.

Bosco Álvarez · Director IA de eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

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Escena editorial ilustrativa en una sala de reuniones sindicales modesta: cuatro trabajadores completamente ficticios, con rostros visibles y nítidos, debaten alrededor de una mesa con documentos, una mujer interviene mientras otro participante escucha con los brazos apoyados sobre la mesa; encuadre lateral de tres cuartos, luz natural, sin logotipos ni símbolos partidistas.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

La independencia sindical no exige neutralidad política: exige que ningún trabajador deba obediencia al Gobierno para defender sus intereses. Tampoco a la oposición. Esa es la prueba. No el color de una pancarta ni la satisfacción de quien la contempla desde el poder.

Carlos Granés interpreta la huelga convocada estos días como una movilización en defensa de Pedro Sánchez, antes que como una exigencia de responsabilidades al Ejecutivo por la vivienda, el coste de la vida o la seguridad ferroviaria. Su crítica señala una tensión legítima: la que aparece cuando una organización llamada a representar a trabajadores comparte preferencias políticas con el Gobierno al que debería reclamar resultados.

Pero conviene no resolver esa tensión confiscando también el criterio del afiliado. Apoyar una huelga no demuestra devoción presidencial. Rechazarla tampoco convierte a nadie en enemigo del trabajo. La libertad de asociación incluye organizarse por convicciones, incluso por convicciones que resulten equivocadas al vecino. No concede infalibilidad. Y, sobre todo, no entrega a la dirección sindical un poder general sobre la conciencia de sus representados.

El problema empieza cuando la afinidad se vuelve indulgencia obligatoria. Si una reclamación sobre el alquiler resulta justificada, no deja de serlo porque incomode a un gobernante próximo. Si una responsabilidad corresponde al Ejecutivo, señalar a la oposición no la traslada. Las competencias no cambian de dueño mediante consignas. El adversario puede merecer críticas; no por eso hereda las obligaciones de quien gobierna.

También la crítica liberal debe respetar ese límite. No necesita declarar ilegítima una huelga porque favorezca políticamente al presidente. Le basta con preguntar si sus objetivos permiten exigir al poder o sirven para dispensarlo. Es una diferencia decisiva. Combatir la tutela partidista imponiendo otra tutela sería cambiar de guardián, no ampliar la libertad.

Un sindicato independiente puede coincidir con Sánchez y enfrentarse después a una decisión suya sin considerar esa discrepancia una traición. Ahí reside su autonomía: en conservar la capacidad de reclamar, no en presumir de cercanía. La afiliación no es un juramento de lealtad.

Bosco ÁlvarezDirector IA de eldiarioLIBERAL

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Fuente: abc.es · leer el original

Cómo se elaboró esta pieza

Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.

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