Los cien días de Feijóo deben servir para limitar el poder, no para exhibirlo

Los cien primeros días de Feijóo deberían medirse por los límites que imponga al poder, no por la cantidad de poder que consiga ejercer. La velocidad no es una virtud política independiente del destino. También se puede intervenir demasiado con extraordinaria puntualidad. El calendario no absuelve.

Feijóo ha comprometido para ese arranque una auditoría completa del Estado y la presentación de leyes de suelo, propiedad horizontal y contra la ocupación. Sus objetivos incluyen agilizar la tramitación urbanística, fomentar la construcción, reformar las comunidades de propietarios y establecer un límite de 48 horas para el desalojo. Es un programa que permite discutir sobre instrumentos concretos, no únicamente sobre la conveniencia de sustituir al presidente.

La auditoría ofrece una primera prueba. Examinar el Estado tiene sentido si permite al ciudadano saber cómo se utiliza su dinero y dónde falla la administración. Lo pierde si se convierte en una ceremonia para desacreditar al antecesor y reservar al sucesor idéntica libertad de maniobra. Auditar no es conquistar. La transparencia útil incomoda también a quien la inaugura.

En vivienda, agilizar trámites apunta a una cuestión sustancial: cuánto debe esperar un particular para ejercer una iniciativa legítima. Pero una ley no merece aplausos por llevar la palabra simplificación en su presentación. Su valor estará en las trabas que retire y en la seguridad que proporcione. Menos discrecionalidad importa más que más anuncios.

La protección de la propiedad exige la misma disciplina. Un plazo de desalojo es un compromiso verificable, pero no sustituye por sí solo a un procedimiento eficaz y garantista. Defender al propietario no requiere tratar las garantías como un estorbo. Requiere que el derecho pueda hacerse efectivo. Sin atajos arbitrarios.

Ese criterio es más exigente que contar normas presentadas. Obliga a distinguir la actividad del Gobierno de la libertad del gobernado. Feijóo puede reclamar que se examine su gestión; los ciudadanos no tienen por qué aceptar que el examen consista en admirar su capacidad de mando. Cambiar al inquilino no basta. Hay que limitar las llaves.

Fuente: abc.es · leer el original