La independencia de Hacienda exige controles, no un cheque en blanco

La autonomía de Hacienda solo merece apoyo si refuerza también el control sobre Hacienda. Independencia no significa inmunidad. Una Administración capaz de examinar la actividad económica de los ciudadanos necesita protección frente a las órdenes partidistas, pero también límites que sus funcionarios no puedan administrar a conveniencia. Ambas exigencias son inseparables.

En el informe presentado en su congreso de finales de octubre en Toledo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado propone una Agencia Tributaria con autonomía orgánica y funcional respecto del Gobierno y de las demás administraciones. Plantea una dirección formada por el director general, un consejo asesor y un comité ejecutivo, y una comparecencia anual del director ante las Cortes. El documento también reconoce que el sistema de objetivos fomenta actuaciones innecesarias y requerimientos que consumen tiempo y recursos de ciudadanos y asesores, incluso sin riesgo fiscal.

Ese reconocimiento proporciona una buena prueba para cualquier reforma: comprobar si reduce las cargas injustificadas sobre quienes cumplen. No basta con cambiar el organigrama. Si la autonomía deja intactos los incentivos para producir actuaciones innecesarias, el contribuyente seguirá dedicando recursos a satisfacer necesidades internas de la institución. La eficiencia debe medirse también fuera del despacho.

Tampoco conviene confundir rendición de cuentas con presentación de resultados. Comparecer no equivale a someterse a control. Un balance de actuaciones y recursos permite conocer la actividad, pero la cuestión decisiva es quién puede corregir sus excesos y con qué instrumentos. El Parlamento no debería limitarse a recibir la memoria de una organización emancipada del Ejecutivo.

Hay una razón liberal para rechazar la inspección dirigida desde un partido: la ley tributaria no debe convertirse en una herramienta contra adversarios. Esa misma razón impide aceptar que el cuerpo encargado de aplicarla sea quien determine por sí solo cuánto poder necesita. Cambiar de custodio no elimina el riesgo.

El debate, por tanto, no debería enfrentar a quienes quieren una Hacienda fuerte con quienes quieren debilitarla. Debe distinguir entre capacidad para aplicar la ley y libertad para actuar sin contrapesos suficientes. Una reforma defendible protege la autonomía técnica y hace efectiva la corrección de los errores. Hacienda debe ser independiente del favor político. Nunca del control.

Fuente: Libertad Digital · leer el original