El miedo a Vox no exime al PSOE de rendir cuentas

El miedo a Vox no debe conceder al PSOE una dispensa para rendir cuentas. Rechazar a un adversario es una razón legítima para votar. Convertir ese rechazo en una absolución permanente del partido elegido es otra cosa. El voto no es un indulto.

Emilio Campmany interpreta la estrategia socialista como una combinación de desplazamiento a la izquierda y protagonismo concedido a Vox para movilizar a su electorado. Su análisis atribuye a esa operación el propósito de preservar el liderazgo de Pedro Sánchez y sitúa su continuidad en las relaciones de fuerza dentro del PSOE, más que en un umbral concreto de escaños. Es una interpretación de las intenciones del partido, no la constatación de un plan reconocido.

La cuestión liberal empieza donde termina ese cálculo: en el derecho del ciudadano a exigir algo más que un enemigo conveniente. Si toda objeción a un gobierno recibe como respuesta la amenaza de su alternativa, el elector queda invitado a suspender su juicio. Primero debe salvar al partido. Ya preguntará después. Ese después siempre puede aplazarse.

Tampoco hay que confundir moderación con virtud automática. Un partido tiene derecho a cambiar de programa, incluso profundamente. Sus votantes no son propietarios de una etiqueta inmutable. Pero ese cambio debe poder discutirse por su contenido: qué libertades respeta, qué obligaciones impone y qué límites acepta el poder. La ubicación en el tablero no resuelve ninguna de esas preguntas.

Por eso resulta insuficiente sustituir el debate sobre la responsabilidad política por una quiniela de sucesores y conspiradores. Cambiar al dirigente puede alterar el reparto interno sin corregir la relación con los electores. Una organización no se vuelve exigente consigo misma simplemente porque sus aspirantes descubran que les conviene relevar al jefe.

Al PSOE le corresponde defender su proyecto, no reclamar inmunidad por comparación. Y a sus votantes les pertenece la decisión, incluido el derecho a negar un respaldo que otros consideran obligatorio. Nadie debe fidelidad electoral. Un adversario inquietante no convierte al gobernante en acreedor.

Fuente: Libertad Digital · leer el original