Retirar aceite del mercado no debe sustituir a una política agraria

El Gobierno no debería convertir el precio del aceite en una ayuda agraria que el consumidor paga sin poder discutirla. Proteger al productor es un objetivo legítimo. Frenar una bajada no es neutral. Significa decidir que el alivio del comprador debe esperar para sostener los ingresos de otro. Esa elección merece algo más que una apelación a las bondades del olivar.

El Gobierno decretó el viernes pasado la retirada del mercado de un 12% de la producción de aceite de oliva para evitar un desplome de los precios en origen. La decisión afecta a un sector donde conviven pequeños agricultores, grandes cooperativas, explotaciones intensivas e industria envasadora. Al otro lado, la Encuesta de condiciones de vida del INE de 2025 sitúa en el 45,9% la población española con dificultades para llegar a fin de mes.

No todo olivarero es vulnerable. No todo comprador puede pagar más. Presentar la intervención como un rescate del pequeño agricultor borra diferencias decisivas entre quienes producen. Una retirada general, por sí sola, no distingue al que necesita auxilio del que puede competir sin él. La nobleza del propósito no acredita la precisión del instrumento.

También importa cómo se sostiene una actividad. Si existe una razón pública para ayudarla, la ayuda debería poder identificarse, justificarse y someterse a control. El precio de una botella no es un presupuesto transparente. El comprador ve cuánto desembolsa, pero ese importe no le permite distinguir qué parte responde a la producción y cuál a la decisión de restringir la oferta.

La calidad merece compradores, no obligaciones morales. Un consumidor puede valorar el paisaje, el trabajo agrícola y un aceite excelente, y aun así elegir otro producto. No está votando contra el campo. Está administrando su dinero. Defender la libertad económica exige respetar tanto al que produce como al que decide no comprar.

Una política agraria seria debe explicar a quién protege y por qué el instrumento elegido es preferible a otros. La retirada de producción no puede convertirse en respuesta automática a unos precios incómodos para el sector. El supermercado no es una ventanilla tributaria. El bolsillo del cliente tampoco es un fondo de rescate.

Fuente: elpais.com · leer el original