La Administración también debe rendir cuentas por el tiempo que tarda una vivienda

La política de vivienda debe exigir a la Administración responsabilidad por sus tiempos de respuesta, no solo al promotor y al arquitecto por los suyos. El debate sobre las garantías de una construcción queda incompleto si se examina cada obligación del solicitante, pero se acepta la duración del expediente como una circunstancia inevitable.

La arquitecta Ana Pradillo, fundadora de Gualmo Studio, describió el 2 de noviembre en una entrevista radiofónica una asimetría concreta: según su experiencia, el técnico dispone de diez días para responder a los requerimientos, mientras la Administración maneja plazos que considera excesivamente largos. Su relato permite plantear una exigencia razonable: la diligencia debe ser una obligación de ambas partes.

Eso no significa aceptar cualquier diagnóstico sobre la burocracia. Pradillo contrapuso la claridad de los proyectos de su padre con la extensión y complejidad de los actuales. Pero un documento más breve no garantiza por sí solo una vivienda mejor, como uno más voluminoso tampoco acredita un control más eficaz. La pregunta útil es qué comprobación aporta cada exigencia y cuánto tarda en resolverse.

Hay otra distinción necesaria. La arquitecta señaló que la industrialización está acortando los tiempos de ejecución. Ese avance actúa sobre la obra; la sucesión de informes y requerimientos pertenece a otra fase. Una reforma seria debería examinar ambas por separado, en lugar de tratar todo el tiempo transcurrido como un problema indistinto del sector.

La propia Pradillo rechazó la estimación de ocho o diez años sugerida por el entrevistador y habló de previsiones de dieciocho meses que terminan convirtiéndose en veinticuatro. Ese matiz importa: reclamar una Administración más ágil no requiere exagerar las demoras ni convertir una experiencia profesional en un promedio general.

La exigencia liberal no debería ser menos control a cualquier precio, sino un control comprensible, justificable y sujeto a rendición de cuentas. Para quien espera disponer de una vivienda, importa tanto que el proyecto cumpla las normas como que su revisión no se prolongue sin explicación. La seguridad jurídica también necesita una Administración que responda por el tiempo que consume.

Fuente: Libertad Digital · leer el original