Adif debe rendir cuentas por el respaldo público, no por el rango de sus consejeros

El principal examen de Adif no debería ser el rango administrativo de sus consejeros, sino su capacidad para exigir explicaciones sobre las decisiones y el dinero que gestionan. Una empresa sostenida por el Estado necesita controles efectivos precisamente porque su continuidad no depende solo de sus ingresos. La garantía pública protege una infraestructura esencial; no debe convertirse en una dispensa de responsabilidad.

La dimensión de esa responsabilidad es concreta: Adif gestiona diariamente 5.000 trenes, 11.676 kilómetros de vía, 1.445 estaciones de viajeros y 45 terminales de mercancías. Su deuda supera los 20.000 millones de euros. Estas magnitudes justifican exigir conocimientos y capacidad de supervisión, pero también resultados verificables, más allá del prestigio de quienes ocupen los puestos.

El diagnóstico financiero aporta una razón adicional. En un informe al que ha tenido acceso El Mundo, Moody’s señala que Adif no puede cubrir por completo sus necesidades de financiación sin apoyo estatal. Las subvenciones, las transferencias de capital y las aportaciones de fondos propios le permiten atender gastos financieros, amortizaciones e inversiones.

Para el ciudadano, esa dependencia significa que la gestión ferroviaria no afecta únicamente al servicio que utiliza: también compromete recursos públicos. El respaldo del Estado no elimina el coste de financiar la red, sino que incorpora a los presupuestos parte de esa responsabilidad. Por eso, el control de la deuda y la justificación de las inversiones deben ocupar el centro de la rendición de cuentas.

Moody’s mantiene además una calificación inferior a la del Estado, aunque Adif sea íntegramente estatal. La agencia contempla un riesgo marginal de que, en una situación de tensión, el Gobierno priorice su propia deuda. La titularidad pública, por tanto, no hace indistinguibles ambas solvencias.

La presencia de antiguos altos ejecutivos en los consejos ferroviarios de Francia, Alemania e Italia ofrece una referencia de experiencia empresarial, no una garantía automática de buen gobierno. Del mismo modo, ser funcionario no acredita incapacidad. El criterio exigible es que los consejeros puedan examinar las propuestas, cuestionarlas y pedir cuentas a la dirección.

Profesionalizar Adif debe significar algo más que sustituir unos currículos por otros. El respaldo público exige una supervisión capaz de relacionar financiación, inversiones y servicio. Sin ese examen, elevar el rango de la cúpula solo cambiaría la apariencia del control.

Fuente: elmundo.es · leer el original