Recuperar la confianza en el AVE exige explicar qué se corrige y quién responde

La confianza en el AVE debe recuperarse con una gestión que pueda examinarse, no con una petición de fe al pasajero. Tras el accidente ferroviario de Urda y la tragedia de Adamuz, ocurrida diez meses antes, la obligación política es explicar qué debe corregirse, cómo se hará y quién responderá por ello.

Las víctimas y sus familias son la primera consideración. Precisamente por la gravedad de lo sucedido, conviene separar la investigación de los accidentes del juicio sobre las prioridades presupuestarias. Cuestionar cuánto se dedica al mantenimiento es legítimo; dar por demostrada una relación causal entre una partida de gasto y un siniestro exige pruebas.

Esa distinción no exime al Ministerio de Transporte, encabezado por Óscar Puente, de rendir cuentas. Una infraestructura no se gestiona únicamente cuando se inaugura. Conservarla forma parte del servicio comprometido con el ciudadano, aunque produzca menos oportunidades de exhibición política que una obra nueva.

El debate presupuestario debería partir de esa obligación. Antes de presentar nuevas actuaciones como éxitos, el poder público debe poder defender cómo atiende las necesidades de las redes existentes. No se trata de presumir que toda ampliación sobra, sino de impedir que su visibilidad sustituya a una comparación razonada de prioridades.

Para el viajero, la fiabilidad también tiene una dimensión económica. Reservar más margen ante un posible retraso, cambiar de transporte o sustituir un encuentro presencial por una videoconferencia son decisiones que pueden alterar el tiempo disponible, la comodidad y el bolsillo. Son posibles efectos de la incertidumbre, no una factura que pueda darse por calculada.

Por eso, recuperar la reputación del ferrocarril no debería convertirse en un objetivo separado de mejorar su funcionamiento. Una campaña de imagen no sustituye a las correcciones necesarias, y un relevo político tampoco demuestra por sí solo que estas se hayan realizado.

La exigencia liberal es concreta: quien administra recursos públicos debe justificar sus decisiones y permitir que se evalúen sus resultados. El pasajero no tiene que demostrar confianza; es la Administración la que debe ofrecer razones comprobables para merecerla.

Fuente: Libertad Digital · leer el original