Angrois: una mayoría parlamentaria no debe servir para blindar al Gobierno

Una mayoría parlamentaria debe permitir gobernar, no cerrar el examen de la actuación del Gobierno ante una tragedia. El caso de Angrois muestra el problema de dejar ese control en manos de quienes tienen interés político en evitarlo: la posibilidad de investigar terminó dependiendo de un cambio en la aritmética del Congreso.

En julio de 2013 murieron 80 personas en el accidente ferroviario de Santiago de Compostela. Ana Pastor era ministra de Fomento y Alberto Núñez Feijóo presidía la Xunta de Galicia. Ante un siniestro de esa magnitud, examinar la gestión de las administraciones constituía una obligación de rendición de cuentas, no una declaración anticipada de culpabilidad.

Feijóo rechazó en tres ocasiones la apertura de una investigación política en el Parlamento gallego. En el Congreso tampoco se abrió entonces una comisión de investigación. Pastor compareció varias semanas después ante una comisión, no ante el Pleno. Dar explicaciones en una comparecencia y someter la gestión a una investigación parlamentaria son mecanismos distintos: el primero no debería utilizarse como sustituto del segundo.

La investigación del Congreso llegó años después, cuando el PP había perdido la mayoría absoluta. En 2018, las víctimas reclamaron a Pastor, entonces presidenta de la Cámara, que la desbloqueara. Esa secuencia revela una debilidad institucional concreta: quienes reclamaban respuestas tuvieron que esperar a que desapareciera la capacidad de un partido para impedir el escrutinio.

Investigar tampoco equivale a exigir una dimisión automática. La responsabilidad política debe apoyarse en decisiones, competencias y explicaciones contrastadas. Una comisión no puede sustituir a los tribunales ni convertir el dolor de las víctimas en una condena partidista. Pero esa cautela justifica una investigación rigurosa, no su bloqueo.

La lección institucional de Angrois es que el control parlamentario necesita garantías frente al interés de la mayoría que sostiene al Ejecutivo. Ni la oposición debe disponer de una sentencia escrita de antemano ni el Gobierno de un veto efectivo sobre su propio examen. Las respuestas públicas no pueden quedar aplazadas hasta que cambien los escaños.

Fuente: eldiario.es · leer el original