Paracuellos: la custodia del Estado nunca es una licencia para matar

Paracuellos recuerda una frontera que ninguna causa política puede borrar: un preso no es un objetivo militar ni una propiedad del poder que lo encierra. La obligación de proteger su vida no depende de sus ideas, su religión o su apellido. Cuando esa obligación se invierte, la custodia se convierte en una trampa.

Los historiadores Pedro Fernández Barbadillo y Ezpeleta sitúan en 3.750 las víctimas documentadas de aquellas matanzas. En su reconstrucción del otoño de 1936 describen más de una veintena de sacas mortales, distribuidas en trece días de noviembre y diciembre. La magnitud importa. Pero contar a los muertos no basta para explicar lo que se hizo con ellos.

El procedimiento que relatan contiene la cuestión esencial: presos sacados de sus celdas, incluidos en listas y transportados con el anuncio de un traslado a otros centros penitenciarios. El destino era la ejecución. No se trataba únicamente de arrebatarles la libertad; se utilizaba su sometimiento a la custodia para conducirlos, mediante engaño, hacia la muerte.

Los dos historiadores sostienen que las operaciones se organizaron desde estructuras del poder republicano y señalan las listas, los transportes y la participación de sus servicios de seguridad. Ese es el terreno en el que deben examinarse las responsabilidades: decisiones, órdenes y actuaciones concretas. Una firma importa más que una consigna. Una cadena de mando explica más que una condena indiscriminada de todos los que compartían una etiqueta política.

La exigencia de precisión no rebaja la gravedad de la matanza. La hace inteligible. Tampoco necesita convertir cada detalle del horror en espectáculo: basta reparar en la absoluta indefensión de quienes dependían de sus custodios y fueron entregados a sus ejecutores.

Recordar Paracuellos exige, por eso, algo más que escoger una cifra para la disputa. Exige devolver a las víctimas su condición de personas y examinar quién transformó una potestad de custodia en un instrumento de muerte. El Estado no adquiere derechos sobre la vida de nadie por tener la llave de su celda.

Fuente: Libertad Digital · leer el original