La protección del menor no da un cheque en blanco para cerrar TikTok

Proteger a los menores exige limitar la impunidad, no conceder al Gobierno un poder ilimitado sobre las plataformas. La gravedad del delito obliga a actuar. No convierte cualquier actuación en acertada. Y cerrar un servicio entero no demuestra, por sí solo, que se esté persiguiendo mejor a quienes lo utilizan para abusar de niños.

La investigación de Maldita.es sobre material de abuso sexual infantil en TikTok encontró una respuesta especialmente preocupante de la empresa: de 50 vídeos denunciados directamente, retiró cinco. El Ministerio de Juventud e Infancia trasladó la investigación a la Fiscalía, que ha abierto diligencias para esclarecer posibles delitos de elaboración, difusión y venta de ese material. Sira Rego solicitó además a la Agencia Española de Protección de Datos la suspensión cautelar de las operaciones de TikTok en España. La Agencia ha descartado el bloqueo.

El dato sobre las retiradas permite formular una exigencia concreta: que la plataforma responda por cómo atiende las denuncias y elimina contenidos delictivos. No hace falta atribuirle los delitos de sus usuarios para examinar sus propias obligaciones. Tampoco cabe utilizar la libertad de empresa como coartada para eludirlas. El mercado no necesita inmunidades.

Pero la responsabilidad debe tener destinatario. Investigar a quienes producen, distribuyen o comercializan ese material y exigir a la compañía que cumpla sus deberes son tareas distintas y compatibles. La clausura general las mezcla bajo una misma palanca. Afecta también a usuarios ajenos al delito, sin que esa amplitud acredite su eficacia contra los responsables.

La proporcionalidad importa precisamente en estos casos. Cuando el objetivo es indiscutible, resulta más fácil presentar los límites al poder como obstáculos morales. Es una trampa. Pedir que una intervención sea adecuada, necesaria y ajustada a sus destinatarios no significa rebajar la protección infantil. Significa exigir que la protección sea algo más que una demostración de autoridad.

La misma cautela debe regir la verificación de edad. Una barrera destinada a proteger a menores no debería convertirse en una obligación indiscriminada de identificarse para todos. La privacidad también merece protección. La alternativa no puede reducirse a elegir entre controles ineficaces y vigilancia general.

TikTok debe responder por sus obligaciones; los delincuentes, por sus delitos; y el Gobierno, por la eficacia y los límites de sus decisiones. Ninguna responsabilidad sustituye a las otras. Proteger no es tener permiso para todo.

Fuente: Libertad Digital · leer el original