El matrimonio no da a Begoña Gómez ni culpa ni inmunidad

Begoña Gómez tiene derecho a no ser reducida a su matrimonio, pero ese derecho no convierte su trayectoria en territorio inmune al escrutinio. La responsabilidad es individual. También para quien comparte vida con el presidente del Gobierno. El parentesco no prueba una culpa. La emancipación tampoco certifica una conducta.

Gómez ha intervenido en un mitin reivindicando que las mujeres han dejado de definirse como esposas de alguien para dirigir sus propias vidas. Lo ha hecho como mujer de Pedro Sánchez y mientras está investigada judicialmente. Su mensaje plantea una aspiración legítima, pero no responde por sí mismo a las preguntas sobre su actividad profesional. Tampoco su situación judicial autoriza a tratarla como condenada.

Conviene separar esas cuestiones precisamente para tomarse en serio la igualdad. Una mujer no necesita permiso de su marido para trabajar, intervenir en política o defender sus ideas. Exigirle silencio por estar casada con un gobernante sería otra forma de dependencia: reconocerle una voz únicamente cuando no incomoda a nadie. Su libertad no está en préstamo.

Pero la independencia personal no se demuestra proclamándola desde una tribuna electoral. Se examina, cuando corresponde, mediante actos, decisiones y responsabilidades concretas. Un discurso sobre las mujeres no acredita cómo ha actuado una mujer determinada. Cambiar de escala resulta cómodo: se empieza hablando de una trayectoria y se termina defendiendo una conquista colectiva. El aplauso no es una auditoría.

La crítica también tiene límites. Si sostiene que una relación familiar abrió determinadas puertas, debe acreditar ese vínculo, no limitarse a señalar el apellido del cónyuge. Y una investigación judicial reclama pruebas y garantías, no veredictos de campaña. El liberalismo pierde sentido si la presunción de inocencia depende de quién gobierna.

Ese mismo criterio impide utilizar una causa compartida como protección particular. Defender la autonomía de las mujeres y fiscalizar la proximidad al poder son tareas compatibles. Más aún: ambas rechazan que una persona reciba un trato distinto por su relación con otra. Ni culpabilidad matrimonial ni absolución por mitin.

Fuente: elmundo.es · leer el original