Hacer campaña en Hernani es un derecho, no un permiso de la calle

Ningún partido debe necesitar la autorización de sus adversarios para hacer campaña en una plaza. Tampoco el PP en Hernani. La calle no tiene propietario ideológico. Cuando la seguridad determina dónde puede presentarse una candidatura, está en juego algo anterior al resultado electoral: quién decide qué opciones llegan a los ciudadanos.

El PP denunció que un grupo de jóvenes lanzó petardos, huevos y piedras contra el equipo de su candidato al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, y obligó a suspender el acto previsto en Hernani. El partido canceló su ruta electoral y condicionó las siguientes convocatorias a que existieran garantías de seguridad. El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del PNV, Aitor Esteban, condenaron los ataques.

La víctima política de una coacción no es únicamente quien recibe el lanzamiento. También lo es el vecino al que se priva de escuchar, preguntar o discrepar en un acto abierto. No hace falta votar al PP para perder libertad cuando se impide su campaña. Los derechos no exigen simpatía. Precisamente por eso son derechos.

Aquí conviene separar dos cosas que la disputa partidista mezcla con facilidad. Protestar contra una candidatura pertenece a la libertad de expresión. Impedir que se reúna mediante intimidación significa negar esa misma libertad a otros. La intensidad de una convicción no concede competencias policiales a quien la sostiene. Una plaza no es una aduana ideológica.

La obligación institucional tampoco consiste en recomendar a los amenazados que escojan lugares más cómodos. Suspender un acto puede ser una decisión prudente de sus organizadores; convertir esa retirada en la solución pública supondría trasladar el coste de la violencia a quienes la padecen. La seguridad debe permitir ejercer el derecho, no sustituirlo por una ausencia sin incidentes.

Esa exigencia necesita precisión, no una teoría que atribuya cada agresión a una dirección política sin acreditarla. Condenar la intimidación no autoriza a repartir culpabilidades por asociación. Las condenas de Pradales y Esteban importan; también importa que el juicio sobre los responsables se apoye en hechos. Defender garantías únicamente para los propios sería otra forma de vaciarlas.

La prueba democrática no consiste en llenar una plaza de partidarios. Consiste en que el adversario pueda acudir a ella. Una campaña retirada por miedo no devuelve la normalidad: concede un veto.

Fuente: elmundo.es · leer el original