Begoña Gómez debe responder por sus actos, no por su árbol genealógico
El parentesco no concede autoridad moral ni transmite culpabilidad. Criticar los privilegios exige examinar conductas, no convertir la familia o los gestos de una persona en pruebas contra ella.
A Begoña Gómez hay que juzgarla por sus actos, no por su árbol genealógico. Es una exigencia liberal elemental: la responsabilidad pertenece al individuo. No se hereda. Tampoco desaparece por despertar compasión. Cuando la crítica al poder abandona las conductas y se instala en la sangre, pierde precisamente el criterio que permite combatir los privilegios.
En su intervención en un mitin del PSOE en Sevilla, Gómez rechazó quedar definida por su condición de esposa y apeló a madres y abuelas. Cristina López Schlichting ha respondido con una columna que cuestiona esa representación, pero también interpreta sus gestos como signos de inseguridad y vincula su relación matrimonial con su historia familiar. Son planos distintos. Discutir una pretensión política no exige dar por probado un diagnóstico íntimo.
Gómez no puede representar a todas las mujeres por invocarlas desde un escenario. Ninguna portavoz dispone de ese mandato universal. Las madres y las abuelas no forman un censo electoral a disposición de quien toma la palabra. Pero tampoco sus críticas pueden reservarse la representación de las mujeres que han trabajado y criado hijos. La experiencia propia da perspectiva, no poderes notariales sobre las demás.
Lo mismo sucede con el parentesco. Ser esposa del presidente no acredita competencia profesional, pero tampoco demuestra incapacidad. Si se cuestiona un trato de favor, lo relevante es qué ventaja se concedió, quién la decidió y con qué justificación. El apellido no prueba nada. Sustituir ese examen por una biografía familiar deja la acusación más vistosa y menos sólida.
Leer sometimiento en un flequillo tampoco mejora el argumento. Un gesto no es un expediente. La incomodidad ante un atril no demuestra una dependencia personal ni resuelve ninguna controversia sobre el uso de recursos públicos. Esa psicología a distancia ofrece certezas demasiado baratas.
La fiscalización debe ser más exigente que la descalificación. Ni el aplauso partidista limpia una conducta ni una historia familiar la ensucia. Rechazar ambos atajos permite pedir cuentas sin convertir la intimidad en un tribunal. Los privilegios se fiscalizan. Los parentescos no se condenan.
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