El diálogo social no da derecho de veto sobre las urnas

El diálogo social sirve para negociar, no para conceder a sus participantes un derecho de veto sobre las urnas. Y defender ese límite exige reconocer otro: una huelga no se vuelve antidemocrática porque tenga una intención política o se celebre en campaña. La libertad también ampara las protestas inoportunas. No garantiza que tengan razón.

La huelga general del 11 de noviembre llegó después de la convocatoria de elecciones. Feijóo, que se había reunido con los sindicatos antes de su fallida investidura de septiembre de 2023 y había intervenido en un congreso de UGT, acaba de presentar un programa que reivindica el diálogo social como ejemplo de convivencia democrática. Coinciden así una movilización sindical en periodo electoral y una oferta de entendimiento del principal partido de la oposición.

El problema no es que los dirigentes sindicales tengan preferencias electorales. Las tienen los empresarios, los periodistas y los ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización. Exigirles neutralidad sería confundir independencia con silencio. La prueba de independencia consiste en poder negociar con quien disgusta y discrepar de quien resulta próximo.

Tampoco conviene convertir el acuerdo en una virtud automática. Un pacto entre Gobierno, patronal y sindicatos puede ser útil, pero la fotografía no acredita su bondad. Importa qué contiene, quién asume sus costes y qué margen deja a quienes no estaban sentados a la mesa. El consenso no sustituye al consentimiento.

Esa exigencia también obliga al PP. Reivindicar una cultura del entendimiento no debería significar comprar tranquilidad mediante concesiones que reduzcan la libertad de contratar, emprender o trabajar. Escuchar no es entregar las llaves. Si una reforma está justificada, la ausencia de aplauso sindical no basta para descalificarla.

Por la misma razón, convocar una huelga no convierte a sus promotores en portavoces de todos los trabajadores. Participar expresa una decisión; no participar también merece respeto. Ninguna organización puede apropiarse de ambas respuestas y presentarlas como un mandato único.

La negociación merece espacio, no soberanía. Los interlocutores sociales tienen silla en la mesa. No una papeleta de más.

Fuente: Libertad Digital · leer el original