Derogar la amnistía no debe convertirse en otra excepción política

La derogación de la amnistía solo será una rectificación defendible si respeta la seguridad jurídica que sus promotores dicen querer restaurar. Cambiar la ley es una facultad democrática. Administrar sus consecuencias como una revancha no debería serlo. La alternancia cambia al legislador. No convierte el Derecho en plastilina.

El PP y Vox han anunciado que derogarán inmediatamente la Ley de Amnistía si llegan al Gobierno. Ese compromiso sitúa de nuevo la norma en el centro de su respuesta al conflicto político catalán. Pero el anuncio de eliminarla no explica por sí mismo cómo abordar sus efectos ni cómo sostener la convivencia después de la alternancia.

Conviene separar dos objetivos que el entusiasmo electoral tiende a confundir: impedir que una norma siga operando y deshacer cuanto ocurrió bajo su vigencia. No son lo mismo. Quien prometa una restitución completa debe fundamentarla jurídicamente, no envolverla en una satisfacción moral. Una ley puede merecer una crítica severa sin que cualquier fórmula para combatirla resulte aceptable.

La seguridad jurídica no es una recompensa para quienes votan correctamente. Protege frente al poder, incluido el poder que llega con la promesa de reparar abusos. Si la objeción a la amnistía consiste en que la conveniencia política no debe decidir el trato jurídico, esa objeción obliga también a sus adversarios. No admite una cláusula de victoria.

Tampoco conviene presentar la derogación como un tratamiento suficiente para Cataluña. Una norma no sustituye a una política de convivencia. Los ciudadanos necesitan poder discrepar sobre su identidad y sus preferencias sin que cada relevo gubernamental convierta su vida común en un examen de lealtad. La ley fija reglas; no fabrica adhesiones.

Al PP y a Vox les corresponde defender su compromiso sin prometer una máquina del tiempo. Al PSOE, aceptar que una mayoría distinta puede revisar sus decisiones sin que esa revisión sea, por definición, una amenaza a la concordia. Ningún partido tiene la patente de la normalidad. Tampoco el derecho a condicionarla a su permanencia.

La prueba no será la contundencia del anuncio, sino los límites que acepte quien lo ejecute. Derogar una excepción no autoriza a fabricar otra.

Fuente: elmundo.es · leer el original