El poder tecnológico se limita con competencia, no con enemigos electorales

El poder de los gigantes tecnológicos debe limitarse con competencia y leyes generales, no con una lista gubernamental de enemigos. La diferencia importa. Una cosa protege la libertad del ciudadano; la otra permite al gobernante escoger qué concentración de poder le resulta intolerable. Normalmente, la del adversario.

Pedro Sánchez ha presentado a Silicon Valley como una oligarquía mundial vinculada a la derecha de Trump y Milei, frente a la que sitúa su defensa de los trabajadores. Ese discurso conecta con el diagnóstico que Esteban Hernández desarrolla en La España de dos pisos: una nueva división entre una minoría extraordinariamente rica y el resto de la población. Pero reconocer una concentración de riqueza no demuestra que combatir políticamente a sus propietarios vaya a mejorar salarios o condiciones laborales.

La riqueza no concede inmunidad. Tampoco acredita culpabilidad. Si una empresa abusa de su posición, el problema es el abuso, no el voto de su fundador. Y si respeta las reglas, la antipatía presidencial no debería convertirse en una categoría regulatoria. Esa distinción separa el Estado de derecho del reparto de indulgencias.

La derecha tampoco puede regalarse una excepción. Defender el mercado no obliga a defender cada conducta de sus mayores empresas. El empresario que reclama libertad para competir y protección frente a nuevos competidores no está defendiendo un principio: está defendiendo su asiento. El tamaño no santifica.

Con la inteligencia artificial, además, el combate simbólico ofrece una comodidad peligrosa: discutir quién encarna el mal en lugar de examinar qué usos amplían las oportunidades y cuáles lesionan derechos. Un trabajador necesita poder aprender, cambiar de empleo y elegir. Convertirlo en figurante de una batalla entre dirigentes y multimillonarios no le proporciona ninguna de esas libertades.

El criterio liberal debe ser incómodo para ambos poderes: que ninguna empresa pueda cerrar el mercado y que ningún Gobierno pueda administrarlo según afinidades. Ni clientes cautivos ni empresarios obedientes. El ciudadano no necesita cambiar de amo.

Fuente: elmundo.es · leer el original