El SPP rechaza retirar el gas lacrimógeno y el SUP reclama instrucciones claras para los antidisturbios
Los sindicatos policiales cuestionan la supresión de este recurso por el riesgo de aumentar los enfrentamientos directos y reclaman que la investigación de las cargas examine toda la cadena de mando.
El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a las escalas superiores, ha rechazado la retirada del gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios. Su presidente nacional, Daniel López Gutiérrez, sostiene que prescindir de esta herramienta deja a los agentes expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz.
La protesta sindical responde a la decisión de Interior de impedir el uso de ese material en manifestaciones y a su petición a la Dirección General de la Policía de una investigación interna sobre las cargas durante la huelga general. El SPP defiende la planificación de los mandos y atribuye a su actuación que la jornada no tuviera consecuencias más graves.
Varios mandos expertos en Seguridad Ciudadana consideran el gas uno de los recursos menos lesivos de su equipamiento. Advierten de que su retirada puede aumentar el contacto físico con los participantes violentos y provocar más lesiones entre policías y manifestantes. Uno de ellos señala que los protocolos sitúan este medio como primera opción de intervención.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclama que Interior concrete qué instrucciones recibirán los jefes de unidad y con qué medios podrán responder si un grupo violento ataca un cordón policial. Vincula esa exigencia a la protección tanto de los agentes como de quienes se manifiestan pacíficamente y pide una respuesta antes del siguiente dispositivo.
El SUP también exige esclarecer cada actuación cuestionada, pero reclama que el examen alcance a toda la cadena de mando. Pide determinar quién diseñó el operativo, quién tomó las decisiones, qué órdenes recibieron las unidades y a qué agresiones tuvieron que responder, sin limitar la investigación a los agentes que ejecutaron las instrucciones.
Jupol, por su parte, ha pedido la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska por la gestión de las actuaciones policiales durante la huelga. El sindicato rechaza tanto la apertura de la investigación como la retirada del gas y sostiene que los agentes desplegados afrontaron situaciones de tensión, actitudes violentas y agresiones.
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