Cargos del PSOE y socios del Gobierno cuestionan el control de Marlaska sobre la Policía tras el 11-N
Las actuaciones policiales durante la huelga general alimentan las críticas al ministro del Interior. Marlaska rechaza dimitir y defiende que debe proteger tanto la labor de los agentes como el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Cargos del PSOE expresan en privado una creciente desconfianza sobre la capacidad de Fernando Grande-Marlaska para controlar a determinados sectores de la Policía. Ese cuestionamiento tras las cargas del 11 de noviembre también lo han formulado públicamente el diputado de Compromís Alberto Ibáñez y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo.
Ibáñez, adscrito a Sumar, considera que Marlaska no puede continuar como ministro si es incapaz de controlar a la Policía. Maíllo ha reclamado que sea el responsable de Interior quien ejerza el mando sobre el cuerpo, y no al contrario.
La polémica procede de las intervenciones policiales durante la huelga general del 11 de noviembre, tanto ante los piquetes de primera hora como durante algunas concentraciones. Los sindicatos han anunciado acciones judiciales por lo que consideran un uso desproporcionado de la fuerza y una vulneración del derecho a manifestarse.
Dentro del Ejecutivo, Félix Bolaños y Elma Saiz han expresado su rechazo a algunas imágenes de esas actuaciones. La portavoz del Gobierno ha subrayado que la intervención policial debe ser proporcionada y garantizar tanto el derecho de huelga como la seguridad ciudadana y el orden.
Las fuentes socialistas plantean una doble objeción: cuestionan que el ministro pudiera conocer y permitir esas actuaciones, pero también que se produjeran sin su conocimiento. Otras fuentes gubernamentales replican que exigirle conocer lo que sucede en cada comisaría supone reclamar un grado de control que también suscitaría críticas.
Marlaska ha reconocido que algunas actuaciones, a primera vista, no parecen conciliarse con el principio de proporcionalidad. Ha ordenado al director general de la Policía investigar si se cumplieron los protocolos y ha dispuesto que no se utilice gas pimienta en futuros dispositivos de control de manifestaciones, una decisión rechazada por los principales sindicatos policiales.
El ministro sostiene que su responsabilidad incluye defender a policías y guardias civiles, pero también garantizar que los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades. No considera que existan razones para dimitir.
La Moncloa tampoco contempla su salida. Bolaños ha asegurado que el titular de Interior no está cuestionado y Pedro Sánchez ha reiterado públicamente su confianza en él.
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