Defender Ceuta exige firmeza, no culpabilidad colectiva

Defender Ceuta exige un Estado firme, no una presunción de culpabilidad colectiva. La soberanía se protege controlando la frontera, garantizando la seguridad y exigiendo responsabilidades a quienes gobiernan. No se vuelve más sólida porque el vocabulario sea más bélico. Confundir contundencia verbal con capacidad de gobierno es una manera muy ruidosa de eludir lo esencial.

La apelación a votar pensando en Ceuta contiene una demanda legítima: que la protección de sus ciudadanos tenga peso electoral. Su seguridad, sus comercios y su libertad para utilizar el espacio público merecen atención política. Pero de ahí no se desprende que exista una papeleta reservada a las personas dignas. El elector no necesita un certificado de patriotismo expedido por quien le recomienda el voto.

También importa distinguir responsabilidades. Atribuir al poder marroquí una operación contra la frontera española es una acusación contra un Estado. Convertir por ello a cada persona que la atraviesa en un enemigo es otra cosa. La responsabilidad de un Gobierno y la conducta individual de un migrante no son categorías intercambiables. Borrarlas no demuestra firmeza; impide precisar contra quién debe actuar esa firmeza.

La promesa de resolver el problema mediante expulsiones indiscriminadas ofrece una satisfacción inmediata y una respuesta política incompleta. Un Gobierno debe explicar qué decisiones adoptará, con qué instrumentos y bajo qué garantías. La legalidad no es un adorno para tiempos tranquilos. Es lo que distingue el ejercicio legítimo de la autoridad de una exhibición de fuerza sin límites.

Sánchez puede y debe ser sometido a una fiscalización severa por su actuación. Pero sustituir las preguntas sobre decisiones y responsabilidades por una condena moral absoluta facilita que la discusión termine girando alrededor del insulto. El poder tiene entonces una salida cómoda: responder al exceso y esquivar el fondo.

Ceuta no necesita elegir entre protección y derechos. Necesita que ambos sean obligaciones efectivas del Estado. La alternativa exigible al Gobierno es una política de seguridad que pueda explicar y ejecutar, no una competición para ver quién promete expulsar con más rabia.

Fuente: elmundo.es · leer el original