Defender la negociación colectiva no blinda las subvenciones sindicales

La negociación colectiva merece una defensa mejor que presentar cualquier crítica a las subvenciones sindicales como un ataque a los trabajadores. Una organización puede desempeñar una función valiosa y tener que justificar, al mismo tiempo, el dinero público que recibe. No hay contradicción. Hay rendición de cuentas.

Afra Blanco, sindicalista de UGT, respondió el 7 de noviembre en laSexta Xplica a los reproches del economista Gonzalo Bernardos sobre la financiación de los sindicatos. Su argumento fue que UGT y CCOO negocian condiciones laborales para trabajadores afiliados y no afiliados, y que las subvenciones retribuyen esa tarea.

Es una razón pertinente para discutir la financiación, pero no una respuesta suficiente para darla por justificada. Que una actividad beneficie a personas que no pagan cuotas puede apoyar la existencia de una aportación pública. No determina por sí solo cuánto debe aportarse, con qué criterios ni bajo qué controles. La utilidad abre el debate; no lo clausura.

Blanco llevó su defensa hasta describir al trabajador no sindicado negociando individualmente el sueldo, las vacaciones, la jornada y la prevención de riesgos. Pero entre examinar una subvención y dejar a cada empleado solo ante su empresa hay un salto argumental. Cuestionar una vía de financiación no equivale a proponer la desaparición de la negociación colectiva.

La propia sindicalista sostuvo que las organizaciones negocian esas condiciones con las cuotas de sus afiliados. Esa defensa del esfuerzo de los socios hace aún más necesario distinguir las fuentes de financiación y explicar qué sostiene cada una. Cuotas y subvenciones no son conceptos intercambiables: las primeras comprometen recursos de quienes se afilian; las segundas, recursos públicos.

Bernardos también debe separar su decepción con los dirigentes sindicales del examen de las ayudas. El disgusto político no demuestra que una subvención esté injustificada, del mismo modo que la historia de una organización no acredita cualquier importe que reciba.

El criterio debería ser sencillo: finalidad, cuantía, condiciones y resultados. Defender a los trabajadores no concede inmunidad presupuestaria. Precisamente porque la negociación colectiva importa, su financiación merece argumentos verificables, no un veto a las preguntas.

Fuente: Libertad Digital · leer el original