Una huelga política no es, por eso solo, una huelga del Gobierno

El carácter político de una huelga no demuestra que el Gobierno la controle. Confundir ambas cosas debilita precisamente la crítica que merece cualquier intento de apropiarse de la protesta desde el poder. Una posición liberal debe defender la autonomía de la sociedad también cuando esa sociedad se moviliza por causas que no comparte.

En noviembre de 2017, un sindicato de funcionarios convocó una huelga general en Cataluña con reivindicaciones formalmente laborales, en el contexto de la suspensión de la autonomía y de las primeras actuaciones de la Fiscalía contra los dirigentes del procés. Aquellas huelgas fueron declaradas legales por los tribunales. El precedente permite separar dos discusiones: la legalidad de una convocatoria y el juicio político que merece.

Una resolución favorable no convierte una movilización en sensata, representativa o ajena al partidismo. Pero tampoco cabe tratar la sospecha sobre sus intenciones como una sentencia de ilegalidad. La seguridad jurídica sirve para eso: para que las reglas no cambien según quién lleve la pancarta. También cuando la pancarta irrita.

La participación de ministros en movilizaciones del 8 de marzo y del 1 de mayo plantea otra cuestión. Quien gobierna puede compartir una reivindicación; lo que no debería hacer es utilizarla como refugio frente a sus propias responsabilidades. Manifestarse no sustituye a explicar qué decisiones se han tomado. El cargo no desaparece por ponerse a la cabecera de una marcha.

Ahora bien, entre esa contradicción y afirmar que una huelga existe por voluntad del Estado hay un salto que exige pruebas. La coincidencia ideológica no acredita instrucciones, financiación ni empleo de recursos públicos. Si la crítica pretende exigir rendición de cuentas, debe señalar conductas concretas. De otro modo, combate una presunta instrumentalización con otra: convertir toda protesta adversaria en una operación gubernamental.

La exigencia debe ser doble y sin descuentos: libertad para convocar y secundar protestas, escrutinio sobre cualquier intervención del poder. Ni la legalidad concede virtud política ni la afinidad prueba obediencia. Fiscalizar al Gobierno exige algo más sólido que adivinar quién mueve cada pancarta.

Fuente: elmundo.es · leer el original