Sánchez se gasta el margen

Sánchez convierte la bonanza en una expansión fiscal irresponsable. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que España incumpla desde 2026 la senda de gasto comprometida con Bruselas: el gasto primario neto crecería un 5,7% de media entre 2026 y 2028, frente al 3,2% pactado. La advertencia llega pese a la mejora de las previsiones económicas. El contraste enfrenta al Ejecutivo con sus propios compromisos. El límite no era una sugerencia: era lo que el Gobierno había aceptado.

La AIReF eleva al 2,6% su previsión de crecimiento para 2026 y calcula un impulso fiscal de 1,3 puntos del PIB, con la economía funcionando por encima de su potencial. Sánchez añade expansión donde tenía una oportunidad de recomponer las cuentas. Esa es la irresponsabilidad: consumir la holgura en vez de aprovecharla para corregir el desequilibrio. Ante la desaceleración que el organismo mantiene en su horizonte, el Ejecutivo llegaría con menos protección por haber gastado también ese margen.

La deuda bajaría hasta cerca del 95% del PIB en 2031, apoyada en el crecimiento nominal. Su peso puede reducirse porque aumenta el tamaño de la economía mientras el gasto previsto desborda la senda pactada. Un PIB mayor no acredita una gestión más prudente. La AIReF advierte, además, de que un crecimiento menos favorable podría interrumpir la reducción. Esa dependencia deja el alivio expuesto al cambio de coyuntura. Atribuírselo a la disciplina del Gobierno sería premiar al gestor por la ayuda de la economía.

La factura financiera permite medir lo que se pierde. En el escenario del supervisor, los intereses alcanzarían el 3,2% del PIB en 2031: recursos que no quedarían disponibles para servicios o alivios fiscales. La caída del peso de la deuda no impediría esa presión sobre el presupuesto. Sostener el gasto sin cerrar el déficit estrecha las decisiones futuras. Sánchez ensancha los compromisos presentes mientras los intereses previstos restan capacidad para elegir otras prioridades. El acreedor cobra; el presupuesto pierde libertad.

La AIReF cuestiona además las sucesivas prórrogas de los Presupuestos de 2023: las modificaciones y excepciones reducen la trazabilidad del gasto y dificultan comparar las cuentas iniciales con su ejecución. El gasto cambia; la referencia para fiscalizarlo envejece. El problema no es la fecha impresa en los Presupuestos, sino la dificultad para reconstruir cómo se transforma lo aprobado en lo ejecutado. El Ejecutivo conserva flexibilidad para gastar, pero el ciudadano pierde claridad para seguirle la pista al dinero. Justo cuando la trayectoria prevista se aparta del compromiso, las cuentas se vuelven menos legibles.

La economía facilita corregir. Sánchez elige gastar.