Un investigador del CSIC advierte de que España acumula dos años de retraso en la directiva de ciberseguridad

David Arroyo Guardeño, científico titular del Grupo de Investigación en Ciberseguridad y en Protección de la Privacidad del CSIC, asegura que España lleva dos años de retraso en la transposición de la directiva que debería facilitar la exigencia de medidas de ciberseguridad. El investigador vincula esa demora con las dificultades para incorporar con rapidez las protecciones necesarias.

En una entrevista en el programa En casa de Herrero, Arroyo explicó que el problema no es exclusivamente español: a su juicio, otros países tampoco están trasladando adecuadamente la directiva a sus legislaciones. Su diagnóstico apunta a una fragmentación operativa europea que dificulta coordinar la respuesta entre los Estados miembros.

La conversación abordó los ataques contra sistemas de refrigeración de supermercados europeos. Arroyo consideró que la repetición de estos episodios, con tres semanas de separación respecto a una primera oleada en Francia, evidencia que no se han aplicado con suficiente rapidez los mecanismos que podrían evitar su reiteración.

El investigador situó parte del problema en el tratamiento regulatorio de los establecimientos. Según explicó, los supermercados se consideran infraestructura fundamental, no crítica, por lo que están sujetos a un marco regulatorio y sancionador menos estricto que el de hospitales o servicios de distribución de agua.

También señaló a los equipos nacionales de respuesta ante incidentes de seguridad, los CSIRT, a los que atribuyó responsabilidades de verificación y supervisión. Sostuvo que la mayoría carece de rango de agencia independiente y que esa situación ralentiza la capacidad de impulsar una respuesta inmediata.

Para los consumidores, el riesgo descrito por Arroyo no se limita a la pérdida de información: una intervención digital puede afectar físicamente a la conservación de los alimentos. El científico encuadró ese salto de lo informático a lo material en el ámbito de las amenazas híbridas, sin atribuir los ataques a ningún Estado u organización.

Arroyo comparó la situación con la protección de datos, que dispone de un reglamento y de agencias independientes encargadas de garantizar su cumplimiento. En ciberseguridad, señaló, persisten dificultades de transposición, interoperabilidad y homogeneización.

Aunque reconoció carencias de recursos humanos, defendió que la prioridad es mejorar los procedimientos. Según su valoración, España cuenta con personal y recursos suficientes para hacer frente a este tipo de ataques.

Fuente: Libertad Digital · leer el original